Congelamiento de precios: los empresarios evalúan dos propuestas 

La definición de la canasta de productos con el precio congelado hasta fin de año fue postergada al menos hasta el lunes. La cita será a las 18, en la Secretaría de Co­mercio. Allí se reunirán nue­vamente los empresarios del sector alimenticio y las nue­vas autoridades encargadas del control de precios. Con Roberto Feletti a la cabeza, la demanda del Gobierno es que se congelen por 90 días los precios de 1.247 produc­tos en los valores que tenían al 1 de octubre. Así, apuntan a borrar la suba de al menos 1% que se vio en las góndo­las durante la primera quin­cena de este mes.

El miércoles último, la Se­cretaría de Comercio se reu­nió con los representantes del sector alimenticio y les dio un listado de los artícu­los que pretende congelar. Se generó cierto malestar entre los empresarios, que consi­deran que la lista es “discre­cional”. Fuentes al tanto de la negociación explicaron: “Es una combinación de las canastas Súper Cerca y Pre­cios Cuidados con producto libres, algunos de los cuales están discontinuados”.

La situación de los dife­rentes empresarios es diver­sa. Antes del vencimiento de la última renovación de Precios Cuidados -el 7 de octubre- los industriales pe­dían subas de entre 6% y 8% en la revisión trimestral del programa. Algunos, inclu­so, habían obtenido el visto bueno de Paula Español. Sin embargo, el desplazamiento de la funcionaria y la llega­da de Feletti puso en pausa la actualización. En conse­cuencia, algunos dan por hecho aquello que ya habían conseguido y pretenden ne­gociar desde ese piso.

OPCIONES 

El Gobierno les había pe­dido a los empresarios que enviaran el listado de pre­cios vigentes al 1 de octubre para esos 1.247 productos. El sector alimenticio no lo mandó y llegará a la reunión del lunes con dos líneas de trabajo.

Una propuesta convalida el congelamiento de la ca­nasta de Precios Cuidados combinada con una actuali­zación del resto de los pro­ductos, de modo tal de com­pensar márgenes de ganan­cias con artículos diferentes.

La otra línea es mantener estables los valores de una mayor cantidad de artículos por dos o tres meses, pero hacer el aumento de 6% a 8% en Precios Cuidados.

“Intentaremos llevar una contrapropuesta. Este lista­do nos impacta en los prin­cipales productos y nos deja­ría mal posicionados versus la competencia”, indicaron desde una empresa. En de­claraciones periodísticas, Feletti se mostró dispuesto a evaluar las propuestas em­presarias, pero afirmó que la decisión de mantener los precios por tres meses está tomada. “Se puede modi­ficar algún producto, si las empresas dan los motivos, pero la política está defini­da”, afirmó el funcionario.

PRECIOS 

En empresas grandes, la facturación de las canastas de precios acordadas con el Gobierno puede llegar a un 15%, pero en firmas más chicas puede duplicar esa participación. Como resul­tado, mantener los valores resulta complejo, con cos­tos dolarizados en muchas materias primas y subas en salarios y otros insumos. Sin embargo, el precio que se ve en la góndola también tiene un adicional que impone el supermercado o canal de co­mercialización.

El Gobierno monitorea a la cadena alimenticia a tra­vés del Sipre, un sistema que obliga a los jugadores de la industria alimenticia a in­formar los precios de venta al público y sus costos de producción. “Ellos ajustan por el último eslabón de la cadena, que somos las em­presas productoras, pero no van contra los proveedores de materias primas u otros insumos”, explicaron. 

Finalmente, para evitar sanciones en términos de la Ley de Góndolas, los super­mercados no aceptan lista­dos de precios que no hayan sido aprobados por la Secre­taría de Comercio. Los fabri­cantes, en tanto, no pueden aumentar los precios sin au­torización porque el Gobier­no ya advirtió que les aplica­rá la Ley de Abastecimien­to. En consecuencia, todo dependerá de la “discusión razonable” -como dicen en el entorno del secretario de Comercio Feletti- que pueda haber con los productores.

Hoy, el desafío y la discu­sión es garantizar el abaste­cimiento y los precios. 

Detalles de lo que dice la Ley de Abastecimiento y cuándo se aplicó

La Ley de Abastecimiento, que fue sancio­nada en 1974 y modificada en 2014, faculta al Estado a intervenir en los mercados para fi­jar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario.

También le permite aplicar sanciones, sus­pender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos indus­triales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de has­ta 10 millones de pesos; clausura del estable­cimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pér­dida de concesiones y privilegios en regíme­nes impositivos; decomiso de la mercadería.

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir en el transporte de los materiales, realizar clau­suras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar decla­ración. 

ANTECEDENTES

En el pasado reciente, la Ley de Abasteci­miento fue esgrimida repetidas veces aunque pocas veces aplicada.

En 2011, en una pelea que terminó en los tribunales, la Secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno, mediante una reso­lución obligó a la petrolera Shell, en ese en­tonces comandada por el hoy ex ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Arangu­ren, a retrotraer un aumento de los combus­tibles.

En 2012 apareció de nuevo, esa vez como amenaza. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner la mencionó como posibilidad ante un conflicto por el precio de la yerba mate que interrumpió las entregas de ese insumo a comercios. 

“Esperemos que no nos hagan faltar la yer­ba, porque sino van a haber problemas y va­mos a aplicar la Ley de Abastecimiento”, dijo la mandataria, pero no llegó a aplicar la ley.

Esa resolución fue finalmente derogada el 13 de enero de 2017 por el gobierno de Mau­ricio Macri.

Aunque en los últimos años, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauri­cio Macri, se “amenazó” en reiteradas opor­tunidades con aplicarla, aunque en rigor sucedió en contadas ocasiones y en casos puntuales