Expectativas ante el comienzo del juicio por la muerte de ocho constructores

Luego de innumerables recursos dilatorios e in­convenientes procesales, el Tribunal Oral Penal 1 de Co­rrientes juzgará a Marcelo Mayer, Elías Cohen y Walter Bruquetas, señalados como responsables de la obra que se derrumbó el 22 de marzo de 2012, donde fallecieron ocho obreros de la construc­ción.

Los tres habían sido pro­cesados, pero tras elevarse la causa a juicio las defensas presentaron varios recursos que frenaron el proceso, y luego de esto la suspensión de actividades por la pande­mia de coronavirus volvió a trabarlo.

Finalmente, este año se fijó fecha y es así que los jueces citaron para hoy a las partes, a fin de dar inicio al debate.

En esta causa los encarta­dos, el ingeniero Walter Bru­quetas, el arquitecto Marce­lo Mayer y el ingeniero Elías Cohen, están imputados por el delito de “estrago culpo­so agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”, ya que, como producto de sus accio­nes, fallecieron ocho perso­nas y otra resultó gravemen­te herida.

Respecto del caso, Ma­ría Rosa Urbina, madre de Diego Valenzuela, uno de los ocho obreros fallecidos, confirmó el inicio del jui­cio y aclaró que se realizará de modo mixto, ya que los letrados y jueces podrían asistir a la sala de debates, mientras que los imputados seguirán el proceso por vi­deoconferencia.

Esto se debería, en primer lugar, a una medida pre­ventiva para evitar posibles contagios de coronavirus y, por otra parte, para resguar­dar la integridad física de los sospechosos.

La mujer lamentó esto y sostuvo: “Queríamos verles las caras (de los imputados), ver qué hacen cuando nos ven, qué reacciones tienen. Ellos no quieren sentarse frente a nosotros en el ban­quillo de acusados, quere­mos saber qué declaracio­nes dan de lo que sucedió, por qué sucedió, qué pasó ese día”.

La madre de la víctima recordó: “Marcelo Ma­yer pidió la suspensión del juicio, argumentando muchas cosas; ellos ya te­nían todo calculando para la suspensión del juicio, pero espero que la Justicia no entre en el juego de estar siempre del lado del podero­so. Pedimos que la Justicia no se deje corromper por el poderoso”. 

En la primera jornada del juicio, los magistrados de­berán analizar esta solicitud de “probation” en la que el imputado ofreció una suma de dinero y realizar acciones solidarias a fin de reparar el daño causado.

“Esperamos que empiece el juicio como tiene que ser, porque si se aprueba esto (el juicio a prueba) será una nueva cachetada a los fami­liares. Ahora está todo en manos de la Justicia corren­tina, y si ocurre esto, ya es el límite”, sostuvo la mujer.

En tanto, el abogado Rubén Leiva, quien repre­senta a las familias que son querellantes, había explica­do oportunamente que “lo que se descubrió durante la instrucción fue la forma en que se trabajó ese día, cuando aún el encofrado no estaba bien armado por arri­ba del noveno piso. Se siguió con la carga, lo que rebalsó y provocó la caída”, matando así a las víctimas e hiriendo a otras.

“El encofrado no tenía la capacidad necesaria para soportar el nivel de carga”, remarcó.

Según el abogado, “los empresarios se manejaban con dos planos: uno con el cuál se construía el edificio de nueve pisos, y el otro que se presentó formalmente y que decía que se construía un edificio de seis pisos”.

El hecho ocurrió el 22 de marzo de 2012, entre las 13 y 13.30, cuando un grupo de operarios trabajaba en la cúspide de un edificio de la calle San Martín 652, reali­zando trabajos en el enco­frado del tanque de agua, el cual se precipitó.s