Fernández busca socios para que hagan de policías del congelador

El gobierno de Cristina Kirchner, que preside Al­berto Fernández, afinó con intendentes bonaerenses los detalles de los operati­vos que se pondrán en mar­cha para garantizar el cum­plimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de más 1.400 pro­ductos de consumo masi­vo. El asunto fue el eje de la reunión que se realizó ayer en la Quinta de Olivos y de la que participaron, además del Jefe de Estado, ministros, jefes comunales del kirchnerismo y algunos dirigentes de la coalición gobernante. También es­tuvieron los socios Sergio Massa y Máximo Kirchner. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de manera virtual. La que no estuvo -como es costum­bre- fue la vicepresidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

Durante el encuentro -dice un reporte de la agen­cia oficial Télam- el Presi­dente llamó a desempeñar un “fuerte trabajo en defen­sa del bolsillo de los argen­tinos, garantizando la esta­bilidad de los precios y cui­dando a las familias”. Con la directiva se mechó también una arenga de carácter elec­toral, es que la estrategia de combatir la suba de precios responde a una estrategia política de cara a las eleccio­nes legislativas del próximo 14 de noviembre. Por eso la reunión en Olivos fue casi un enlistamiento de funcio­narios con poder territorial para que hagan las veces de policías del congelador, un rol en el que no todos están de acuerdo.

Los representantes de los movimientos sociales, que tienen muy buena relación con la Casa Rosada y reciben abundante ayuda a través de los planes sociales, mostra­ron recelo cuando fueron invitados a “cuidar” el plan de precios congelados. Las organizaciones alineadas a Alberto Fernández hicieron una mueca, en cambio los que están a mayor distancia y se identifican con el kirch­nerismo duro directamente se negaron a hacer de poli­cías. Es que, en esta ocasión, el término “cuidar” significa “vigilar”. 

En algunos pliegues del extenso movimiento social hay sectores, con mucho manejo de recursos, que salen perdiendo con el con­gelamiento de precios de alimentos y bebidas. 

El punto es que por ahora, Fernández consiguió que un puñado de intendentes del Conurbano se pongan -sim­bólicamente- la gorra de los que controlan y reprimen; le dieron su palabra en la reu­nión, luego en el terreno se verá el compromiso. La ini­ciativa, que no convence a los empresarios ni al merca­do, parece de difícil cumpli­miento, sobre todo porque se impuso por la fuerza. 

Sin acuerdo con las cáma­ras del sector, esta semana la Secretaría de Comercio Interior emitió una resolu­ción por la que se congelan los precios de 1.432 produc­tos de consumo masivo has­ta el próximo 7 de enero.

En las provincias el acata­miento -por ahora, de pala­bra- ha sido dispar, los dis­tritos fuertemente alinea­dos al kirchnerismo están dispuestos a acompañar, pero en otros lugares los go­biernos locales pusieron re­paros. Corrientes es un caso especial (ver página 6).

No obstante, la preocupa­ción central de la Casa Rosa­da es la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito elec­toral del país, donde sufrió una sorpresiva derrota en las Primarias de septiembre. La idea del Gobierno es re­vertir ese resultado negativo y por eso convocó a los in­tendentes de la región para que acompañen en la tarea de frenar los precios. Quie­ren llegar a las urnas con un poco de sosiego.

El artífice de este plan, el recién llegado Roberto Fe­letti (a cargo de Comercio Interior), justificó el con­gelamiento y aseguró que “todos los países garanti­zan una canasta alimenta­ria para su pueblo”. En ese marco sostuvo que la lista de 1.432 productos de con­sumo masivo, cuyos valores fueron congelados hasta el 7 de enero próximo, contem­pla opciones “para que cada quien pueda comprarse más o menos lo que quiera”. Por eso, en el listado hay 42 op­ciones de vino. s