El peso de la historia

Las recientes declaraciones del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, referidas a la inequidad en el reparto de recursos desde la Nación, debería reflotar el debate respecto a la distribución de los fondos. El gobernador cor­dobés criticó a Cristina Fernández de Kirchner al responsabilizarla de mantener un esquema de asis­tencia permanente a los ciudadanos de la Caba y el conurbano bonaerense, región que desde hace un tiempo se denomina Amba (área metropolitana de Buenos Aires).

Todo partió del reclamo cordobés respecto a la tarifa eléctrica que paga no so­lamente Córdoba, sino también todo el interior. La respuesta de la Secretaría de Energía de la Nación intentó minimizar ese reclamo, y desde ese organismo nacional se afirmó que el precio era igual para todos. Claro está que esa afirmación contenía una verdad, pero hasta ahí.

Es más, la vicepresidenta ava­ló esa condición a través de sus cuentas en las redes sociales, con los denominados retwits de la cuenta de la Secretaría de Energía de la Nación.

Schiaretti dijo que, si bien eso era verdad, el con­sumo en el Amba es sostenido a través de subsidios nacionales. Es decir, Edenor y Edesur, las empresas de distribución de energía de esa región reciben fon­dos nacionales con la condición de que el traslado del valor a los consumidores sea mínimo. Mientras tanto, el resto de las empresas distribuidoras (Epec en Córdoba y Dpec en Corrientes) cobran a los con­sumidores el costo total de la energía que se compra a Cammesa.

Tanto más insistió el mandatario cordobés, que afirmó que durante la gestión de la ex presidenta fue el tiempo de mayor discriminación para con su pro­vincia. Corrientes presenta, por caso, una situación casi calcada.

Tan claro y sencillo como la historia del país, siempre con una mirada desde la gran metrópoli y en desmedro del resto de la población que aporta los recursos para el desarrollo de la Argentina.

La condición federal de un país macrocefálico que­da en el texto constitucional que todos dicen respe­tar, y que valió vidas a lo largo de la historia, pero en emoción para el bronce y una realidad contrapuesta.

En los últimos días emergió un intento legislativo para poder discutir el tema: legisladores del denomi­nado Norte Grande trabajan en un proyecto para conseguir una tarifa de energía diferenciada para esta zona, tal como para la Patagonia para los combustibles. Queda claro que la intención es buena y representaría un alivio para la región, pero la decisión final no está sostenida con esas premisas, sino más bien con la política. Aquella que mantiene el mismo status quo desde la época del virreinato y lejos está (al pa­recer) de avanzar con una medi­da que represente equidad con la totalidad de la población de un país con recursos para conseguir una prosperidad a mediano plazo, con acciones gubernamentales en ese sentido.

La actual administración de Alberto Fernández mantiene esa condición, la que Cristina Kirchner aplicó para someter al interior a los designios de un interés político por sobre el desarrollo de la región o la equidad en los recursos. Y ahí subyace esa situa­ción que mantiene y degrada la condición de un país con necesidades insatisfechas, sumido en una histó­rica condición de sometimiento económico.

El país de la desigualdad, no solo energética, se mantiene mientras los ciudadanos observan la pelea política sin solución a los problemas reales.