Dilatan el comienzo del juicio a ex juez por cobro de coimas
Suspendieron los plazos para los trámites previos del debate oral.
El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes dejó sin efecto los plazos para los trámites relacionados a un juicio en el que se intentará determinar la responsabilidad de un ex juez federal, dos de sus secretarios y un grupo de abogados en relación al pago de coimas para mejorar la situación procesal de narcotraficantes.
El Cuerpo tribunalicio integrado por los subrogantes Juan Manuel Iglesias, de Chaco; Rubén Quiñones, de Formosa; y Manuel Moreira de Misiones, determinó la suspensión de todos los plazos en el juicio al ex juez federal de esa provincia, Carlos Soto Dávila, investigado en una causa de cohecho en el que están involucrados sus dos secretarios penales, Pablo Molina y Federico Grau; cinco abogados, narcotraficantes y supuestos intermediarios entre funcionarios, negociadores y narcos.
Tras la determinación del Tribunal, las defensas reclamaron la postergación de la audiencia inicial de ofrecimiento de pruebas y otras instancias preliminares, por el faltante de una serie de documentaciones que debían ser remitidas por el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se había iniciado la investigación, pero que luego se declaró incompetente por cuestiones de jurisdicción territorial.
Entre estos documentos se hallan las declaraciones como arrepentidos de al menos dos imputados. Las mismas debieron estar incluidas en el expediente de la instrucción hecha por el Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires en momentos en los que su titular era Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En esta causa se investiga el supuesto pago de coimas por parte de al menos dos narcotraficantes correntinos al juez Soto Dávila y a dos secretarios penales de su estrado, Pablo Molina y Federico Grau, a través de los abogados Omar Serial, Gregorio Giménez, Jorge Vallejos, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione.
La causa es un desprendimiento de la investigación por el supuesto envío de hasta 15 toneladas de marihuana por semana desde Itatí a siete provincias argentinas y países limítrofes.
Entre los imputados figura el ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, a quien señalaron como supuesto “intermediario” entre el juez y los narcos.
Este había sido detenido en el penal de Ezeiza, pero fue liberado porque pasaron más de tres años sin que se lo lleve a juicio.
Tras esto, el abogado que lo representa, Pedro Martino, denunció que tanto él como su defendido fueron víctimas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, debido a una intervención de las llamadas de Faraone mientras cumplía prisión preventiva en el módulo 6 junto a otros ex funcionarios y empresarios, como también la existencia de micrófonos en las áreas de uso exclusivo para las reuniones entre detenidos y defensores
Escuchas
Las sospechas de cobro de coimas surgieron en 2018, cuando se analizaron conversaciones telefónicas grabadas y halladas en un despacho judicial. Serían charlas de un grupo de abogados defensores en las que se negociaba dinero a cambio de asegurar la libertad de personas investigadas por actividades narcocriminales. Esas conversaciones supuestamente se condecían con resoluciones dictadas por el Juzgado Federal Nº 1.