Derrumbe y muerte: idas y vueltas en la conciliación para evitar el juicio oral

EL 22 DE MARZO DEL 2012, ONCE OBREROS TRABA­JABAN EN ALTURA DE UNA OBRA CON EL HORMI­GONADO DE UNA ESCALERA UBICA­DA DEBAJO DEL TANQUE DE AGUA. AL NO TENER LA MEZCLA VERTIDA, SE PRODUJO EL DERRUMBE DEL ENCOFRADO DEL HORMIGÓN BOMBEADO DENTRO DE ÉL, PROVOCANDO LA MUERTE DE OCHO DE ELLOS, QUE CAYERON AL VACÍO.

El Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes, integrado por Raúl Guerín, Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo, bus­ca avanzar en el proceso judicial en que se analiza la responsabilidad de un empresario, un contratis­ta y un profesional de la construcción en relación al derrumbe de un edificio en el que murieron ocho obre­ros. Debido a la calificación por la que están imputados, esto es, “supuesto estrago culposo agravado por po­ner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”, se lleva adelante una eta­pa previa al juicio oral que consta de una conciliación entre los imputados y fami­liares de las víctimas para resarcir el daño causado. 

Este resarcimiento impli­ca la entrega de una suma de dinero o prestaciones que los familiares conside­ren suficientes para reparar el mal causado. Algunos de ellos habían aceptado un acuerdo monetario con Marcelo Mayer, el empre­sario titular de la obra, pero aún quedaba acordar con el ingeniero Walter Bruquetas y el capataz Carlos Valen­zuela. 

En este contexto, ayer declaró Nelson Valenzuela, uno de los obreros que cayó al vacío al derrumbarse el edificio, el único sobrevi­viente de la tragedia. En una instancia anterior este albañil había aceptado una compensación económi­ca, pero ahora reconsideró la situación y solicitó que continúe el juicio. “El re­sarcimiento económico no queremos, queremos que siga el juicio hasta lo últi­mo”, sostuvieron desde el entorno familiar de Valen­zuela. En tanto, María Rosa Urbina, madre de Diego Rodríguez, uno de los falle­cidos, reconoció que de las nueve familias de las vícti­mas “sólo tres familias bus­can que se haga justicia”.

El Poder Judicial de Co­rrientes informó, respecto del caso, que el abogado defensor Julio Leguizamón, quien representa a Marcelo Mayer, ofreció una repara­ción económica a las vícti­mas. En forma posterior la defensora oficial, doctora María Marta Correa, mani­festó la solicitud de la sus­pensión de juicio a prueba a favor de su defendido, Bruquetas; y el defensor oficial, doctor Nicolás Báez, hizo lo propio a favor de Valenzuela. Los letrados recordaron que el pasado 19 de octubre algunas de las familias de los obre­ros fallecidos ratificaron el acuerdo al que arribaron con el arquitecto, pero res­taban otros, que fueron es­cuchados y se presentaron ayer. Ellos opinaron sobre el convenio firmado con el arquitecto, pero no acepta­ron la suspensión del juicio a prueba en relación al in­geniero Walter Bruquetas y al capataz Carlos Valen­zuela. En todos los casos el ofrecimiento de Mayer fue económico, al igual que Bruquetas, en tanto que Va­lenzuela puso a disposición su fuerza de trabajo. 

El proceso continuará el viernes 5 de noviembre a las 9.30, oportunidad en la que serán citados los familiares que en la primera audiencia sólo se expidieron respecto a Mayer, y otros que aún no dieron ninguna respuesta en cuanto a los ofrecimien­tos de los imputados.