La inseguridad liberada

En un clima de dolor e indignación ayer velaron los restos de Roberto Sabo (48 años) el kios­quero que fue asesinado a balazos a sangre fría el domingo pasado en un asalto a su co­mercio ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, una zona caliente por la multiplicación delic­tiva. Ramos pertenece al partido de La Matanza, allí se registraron el año pasado 140 homicidios y más de 20.000 robos. Son los datos que tiene computados la Procuraduría General de la provincia de Buenos Aires, el distrito donde gobierna el hiperkirchnerista Axel Kicillof. El brutal crimen del kiosquero puso sobre el tapete, a cinco días de las urnas, el drama de la inseguridad y pun­tualmente dos temas urticantes: la liberación de presos durante la pandemia y la baja de la im­putabilidad para los menores que delinquen. En medio hay un malhumor social que se encien­de con cualquier chispa. Es el peor escenario para el gobierno de Cristina Kirchner, que tiene como presidente a cargo a Alber­to Fernández.

Como si este cuadro no fuese suficiente para alterar los áni­mos, mientras se repiten los hechos de inseguridad en la zona (el lunes atacaron con un cuchillo a un tran­seúnte a la vuelta del kiosco), ayer el ministro Aníbal Fernández intentó naturalizar la presencia del delito. "Sucede en todos los países", dijo cuando lo consul­taron sobre el asunto. Además afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri (en 2018 y 2019) liberaron más presos que durante la gestión del Frente de Todos. Una comparación que enarbola un argumento estupi­dizante, como si el hecho de liberar menos presos que el gobierno anterior lo ubicase en una mejor posición y exime de toda responsabilidad. ¿Aníbal es o se hace?

En ocasiones pareciera que los funcionarios inten­tan burlarse de la gente o aprovecharse de cualquier fragilidad en el análisis para envolver los hechos con un papel de ficción. Bueno, pues resulta que los datos que dio el ministro de Seguridad de la Nación sobre la excarcelación de internos de las unidades penales era falso. O por lo menos divulgó números erróneos.

De cualquier manera, el problema es otro y es de lo que no quieren hablar. Los delincuentes condenados deberían estar entre rejas, pero en la Argentina no su­cede eso, entonces se discute sobre anécdotas.

El caso es que el asesino del kiosquero Roberto Sabo recuperó la libertad a mediados de 2020 tras cumplir una condena por robo calificado. En menos de un año volvió a protagonizar un episodio criminal. Estaba sin control porque el Patronato del Li­berado no funciona ¿para qué? si los presos salen sin cumplir con­dena.

El sujeto, Leandro Suárez (29 años) actuó en compañía de una menor de 15 años. Por la ley penal argentina debería quedar en li­bertad porque es inimputable. Un agravio al sentido común. "Pue­den votar, pero no van en cana", vociferaba el gentío, vecinos de Sabo, que ayer asistió al velorio.

"La gente está harta de esto, hay que cambiarlo", sostuvo Nicolás (25 años) el hijo mayor del kiosquero. Fue uno de los que atendió a la prensa, junto con su abuelo Pedro, y dijo que el único que se acercó a hablar con la familia fue Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. Nadie más, ni el intendente de La Matanza (Fernan­do Espinoza) ni el gobernador (Axel Kicillof). "No me parece necesario llevar adelante esto por el lado de la política, no hay que politizarlo. Lo que se vio ayer es claro: la gente está harta. Esto que hacemos es solo en nombre de mi papá, no de la política", dijo el joven, quien confesó ha comenzado a pensar en abandonar el país.

Cerca de allí, los vecinos dejan flores y carteles de adhesión en la puerta del kiosco cerrado. Planean le­vantar un oratorio. Una síntesis perfecta del país.