Suspenden implementación del Código Procesal Penal

Con disidencias, el Su­perior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvió sus­pender el cronograma de implementación del Código Procesal Penal en la Prime­ra Circunscripción Judicial, para las ciudades de Bella Vista, Saladas, Santa Rosa y Corrientes Capital, princi­palmente debido a la nece­sidad de finalizar las obras previstas para la puesta en funcionamiento de las ofici­nas judiciales.

La medida fue tomada en reunión de ministros de la Corte provincial, por medio de la Acordada Nº 32, en la que, con diferencias de posturas, se postergó la im­plementación prevista del Código Procesal Penal en la principal jurisdicción.

Según se explica en la acordada, el ministro Eduar­do Panseri solicitó la modi­ficación del cronograma y consecuentemente la sus­pensión de la implementa­ción del nuevo Código en la Primera Circunscripción por tiempo indetermina­do hasta el límite del plazo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley Nº 6518.

Como fundamento, para los casos de Bella Vista, Sa­ladas y Santa Rosa, expuso la razón de encontrarse en ejecución las obras para la habilitación de las oficinas judiciales de esas localida­des en función de los plazos de obras y el tiempo necesa­rio para lograr el funciona­miento de todas las áreas, con el mobiliario y equipa­miento técnico-informático indispensables.

En el caso de Santa Rosa, se aclaró que se encuentra planificada y en ejecución la refuncionalización de los espacios existentes en el edificio de los Tribunales locales, para la habilitación de la oficina judicial.

En cuanto a la ciudad de Corrientes, el ministro soli­citó la suspensión del pro­cedimiento de Licitación Pública Nº 9/2021 para la construcción de Oficinas Ju­diciales en el predio donde funcionaba la Onabe. Asi­mismo, informó demoras en la cesión de predios para la Ciudad Judicial en la zona de Santa Catalina por parte de la Municipalidad de Co­rrientes.

Panseri concluyó que el fundamento de su planteo se sustenta principalmente en la necesidad de una de­finición del Superior Tribu­nal de Justicia, en razón del cronograma de implemen­tación del nuevo Código Procesal Penal y principal­mente el plazo de 3 años es­tablecido en la Disposición transitoria primera de la Ley 6518, publicada en el Boletín Oficial Nº 27952, para con­cluir con la puesta progre­siva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en toda la provincia.

Expresó que se opone rotundamente a cualquier proyecto que pretenda im­plementar el Código Proce­sal Penal sin que contemple las mínimas estructuras para que puedan funcio­nar las oficinas judiciales, con autonomía y a través de un sistema que garanti­ce su estabilidad, agilidad y eficiencia en el cometi­do que el nuevo sistema les confirió.

El ministro Fernando Niz compartió la postura de Panseri y estima que corres­ponde suspender la imple­mentación del CPP.