Causa 8 obreros: el fiscal, a favor de la suspensión del juicio a tres acusados

La causa por la muerte de los 8 obreros -ocurrida al derrumbarse la cúspide de un edificio en construcción de calle San Martín al 600 en el barrio Cambá Cuá el 22 de marzo de 2012- que­dó ayer en la antesala de un amargo desenlace: a casi 10 años de la mayor tragedia del siglo en la ciudad, los tres hombres que llegaron hasta esta instancia como acusados eludirán la cár­cel al suspenderse el juicio. Es que -según informaron fuentes judiciales- el fiscal ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1), doctor Car­los Lértora, se pronunció a favor del otorgamiento del beneficio denomina­do "probation" (un insti­tuto previsto en la Ley Nº 24316), el cual había sido solicitado por las respecti­vas defensas del arquitecto William Mayer, el ingeniero Walter Bruquetas y el ca­pataz Carlos Valenzuela. El TOP 1 fijó para el próximo jueves 18 de noviembre a las 8.30 la reanudación de la audiencia en la que dará a conocer su resolución en lo que será un momento de­terminante tanto en la his­toria de este caso como en la credibilidad del sistema judicial provincial. 

De los datos colectados surge que en la jornada del viernes se realizó la cuar­ta audiencia del pedido de suspensión del juicio, que había iniciado el pasado 19 de octubre cuando los respectivos abogados que representan a los imputa­dos, a su turno fueron plan­teando la cuestión (que ya había sido introducida en momentos previos del de­rrotero de la causa, logran­do que una gran parte de los damnificados aceptara arreglos económicos). Des­de ese momento, a lo largo de tres jornadas el TOP 1 fue citando a miembros de las familias afectadas, algunas reconocieron el acuerdo, otras lo volvieron a recha­zar; hubo quien dijo no con­tar con abogado e incluso el sobreviviente, Nelson Va­lenzuela (quien perdió a su hermano William en la tra­gedia y es sobrino del capa­taz), manifestó que fue en­gañado por su asesor legal y pidió cambiarlo, expresan­do su deseo de que los acu­sados sean juzgados y reci­ban una condena de prisión efectiva. En la jornada de ayer, según la información oficial, comparecieron los damnificados que aún no se habían expedido: fueron Jorge Enrique Zarabozo, Nelly Ojeda y José Augus­to Molina, quien lo hizo de manera remota porque se encontraba en Bella Vista. 

Una vez concluida la pri­mera parte, tal como lo esti­pula la Ley 24316 que regula el instituto de la "proba­tion", el TOP 1 dio la pala­bra al fiscal Lértora, ya que para poder aplicarse dicha figura jurídica debe existir el consentimiento del re­presentante del Ministerio Público. En este caso Lér­tora se mostró favorable a otorgar el beneficio a Ma­yer, Bruquetas y Valenzue­la (quien a falta de dinero ofreció trabajo), suspendió por dos años la realización del juicio, tiempo en el cual deberán ajustar su con­ducta a una serie de reglas impuestas por el tribunal, y una vez terminado el pla­zo quedan sobreseídos. El fiscal tuvo en cuenta en su valorización que la mayoría de las familias damnifica­das acordaron una repa­ración monetaria, que los acusados carecen de ante­cedentes penales cumputa­bles, que -a su entender- se han mostrado a lo largo del proceso en su contra "ajus­tados a derecho", sin que existieran sucesos de rebel­día o entorpecimiento de la investigación. 

La postura del fiscal cayó muy mal en los pocos fa­miliares que aún reclaman justicia, como María Rosa Urbina (madre de Diego Rodríguez, una de las víc­timas), quien la semana pa­sada mediante su abogado, el querellante Rubén Leiva, pidió ser escuchada por los jueces que integran el TOP 1 -las doctoras Cynthia Go­doy Prats y Ana del Carmen Figueredo y el doctor Juan Carlos Guerín- pero según expresó luego en declara­ciones radiales, no la deja­ron hablar y la audiencia fue suspendida debido a la ausencia de las personas ci­tadas para ese día. "No me quisieron escuchar, no me dejaron hablar, no quieren escuchar el reclamo de una madre. Estamos cansados de tanto manoseo porque nosotros no queremos pla­ta, queremos que empiece el juicio de una vez por to­das", exigió. 

En la tragedia ocurrida en pleno barrio Cambá Cuá fallecieron Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ra­món Valentín Zacaríaz, En­rique Eduardo Fabián Sosa y Paulo Alejandro Medina. Luis Alberto Pelozo y Nel­son Adrián Valenzuela re­sultaron con heridas graves y José Molina, leves. s

EL PROCESO SE REALIZA ANTE EL TRIBUNAL ORAL PENAL 1 DE CORRIENTES. 

Figura jurídica controvertida y la decisión en manos del tribunal

La probation es una fi­gura recurrente en la ad­ministración de justicia. De hecho una parte consi­derable de los homicidios culposos en siniestros viales terminan de esa manera, ha habido casos en los tribunales de la pro­vincia de Corrientes, han otorgado suspensión de juicio a prueba en dobles homicidas culposos pero también en otros que los denegó teniendo en cuen­ta la cantidad de víctimas implicadas, si son 3, 4 o más (lo que suele ser una excepcionalidad en este tipo de fatalidades). 

Uno de los posibles argumentos que -en un escenario hipotético de rechazo- el Tribunal Oral Penal 1 podría esgrimir es que la cantidad de víc­timas impediría la apli­cación del instituto de la probation. Si bien el delito por el que se los ha traí­do hasta esta instancia preliminar al juicio es es­trago culposo, por el cual pudieron sus defensores solicitar el beneficio, la magnitud de las víctimas así como el interés social que reviste el caso son ele­mentos que a la hora de sopesar, los magistrados intervinientes tendrán en cuenta. El dictamen del fiscal era un paso necesa­rio para que se vehiculice el pedido, pero aún no está cerrado el caso y podría haber una sorpresa ante el pesimismo imperante. s