Obreros: el TOP 1 denegó suspensión del juicio y la defensa irá en queja al STJ

"Los derechos y garantías constitucionales que ampa­ran al imputado deben ser armonizados con el deber estatal de ‘afianzar la justi­cia’, con la finalidad de pre­servar el interés general de la comunidad y particular de las víctimas en la necesidad de superar esa visión sim­ple, como un cumplimiento de meras formalidades a fin de dar una respuesta funda­da, justa y razonable para garantizar los derechos de las víctimas, tal como con­templa el nuevo Código Pro­cesal Penal de la Provincia Ley Nº 6518". Con estas pa­labras, el Tribunal Oral Pe­nal Nº 1 (TOP1) de la ciudad de Corrientes comenzaba a fundamentar la decisión que ayer adoptó al denegar el pedido de suspensión del juicio a prueba de los 3 im­putados por la muerte de los 8 obreros ocurrida el 22 de marzo de 2012 en el barrio Cambá Cuá de esta ciudad. Como consecuencia inme­diata, las respectivas defen­sas interpusieron recursos de queja cuya admisibilidad será contestada la semana próxima, informaron fuen­tes judiciales. La resolución generó entusiasmo en las pocas familias que no llega­ron a un acuerdo económi­co y que sostuvieron en esta instancia su pretensión de que se realice el debate co­rrespondiente por el delito de estrago culposo agrava­do por poner en peligro de muerte a personas y causar la muerte de otras. 

La 5ª audiencia se reali­za en forma mixta, estando presentes el TOP1 -confor­mado por los jueces Ana Figueredo, Cynthia Godoy Prats y Raúl Guerín-, el fiscal Carlos Lértora, y de manera remota los impu­tados. En la sala también se encontraban los quere­llantes Rubén Leiva y Juan Manuel Cubilla Podestá; el defensor particular, Julio Leguizamón (en represen­tación de William Mayer); la defensora oficial María Co­rrea (en representación del ingeniero Walter Bruquetas) y el defensor oficial Nicolás Báez (en representación del capataz Carlos Valenzuela). La jornada dio continuidad a la anterior, en la cual el fis­cal Lértora se había pronun­ciado a favor de otorgarles el beneficio de la "probation" a los acusados, valorando el hecho de haber alcanzado acuerdos de reparación con la mayoría de los familiares y la falta de antecedentes penales. 

Sin embargo, la postura del TOP1, plasmada en la Resolución Nº 343/21, a la que accedió NORTE de Co­rrientes, fue distinta a la del representante del Ministe­rio Público y detentor de la acusación. En ella el Tribu­nal sostiene que "la postura del órgano acusador no es vinculante para el Tribunal, en razón de que no ha valo­rado las circunstancias del caso que lo llevaron a soste­ner su dictamen favorable". De la lectura del escrito, in­cluso surge un fuerte cues­tionamiento al fiscal (ver nota relacionada). 

Para fundamentar su pos­tura, el TOP1 citó al Superior Tribunal de Justicia (STJ): "La suspensión de juicio a prueba no es de concesión obligatoria ni automática. La facultad de otorgar el be­neficio compete al Juez de la causa que debe evaluar la razonabilidad y factibilidad de la aplicación del instituto en cada caso (Sent. 32/07)".

LAS POCAS FAMILIAS QUE NO ACORDARON PUSIERON DE MANIFIESTO SU DISCONFORMIDAD CON LA PROBATION. 

Para los jueces, el fiscal Lértora "no valoró las circunstancias del caso"

El rol jugado por el fiscal ante el Tribu­nal Oral Penal Nº 1 (TOP1) fue determi­nante para que el pedido de suspensión de juicio a prueba (un instituto previs­to por la Ley 24316) sea evaluado por el cuerpo ya que de haber opuesto no habría prosperado. Uno de los aspectos ponde­rados el viernes 12 pasado por el repre­sentante del Ministerio Público, doctor Carlos Lértora, había sido la carencia de antecedentes penales de los tres imputa­dos. 

No obstante, al resolver el pedido, el TOP1 expresó que tiene jurisprudencia sentada que no basta la ausencia de ante­cedentes computables de los imputados o la posibilidad de que ante una eventual condena pueda ser dejada en suspenso, o dictamen favorable del Ministerio Publi­co Fiscal, porque debe valorarse además las particulares circunstancias del caso que surgen a partir de la pieza acusatoria, que en el caso, el Sr. Fiscal ha omitido ha­cerlo". 

El Tribunal subrayó que "el conflicto no pudo componerse" tal como lo sostenía la postura de la Fiscalía al admitir viable la aplicación de la figura, ya que no todas las familias habían aceptado y en muchos casos habían aceptado para uno de los imputados (Mayer) y no para los otros dos (Bruquetas y Valenzuela). Además enfati­zaron que "en este estadio, la facultad de otorgar el beneficio compete al Tribunal". 

"La postura del órgano acusador no es vinculante para el Tribunal, en razón de que no ha valorado las circunstancias del caso que lo llevaron a sostener su dicta­men favorable", consideraron, al tiempo que citaron al Superior Tribunal de Jus­ticia: "La respuesta de la víctima debe ser tenida en cuenta, en tanto si la misma no está de acuerdo y quiere el juicio, el Tri­bunal de Juicio no puede desatenderse y debe realizarse el mismo (Sent. 67/11, 104/11, 23/15)". s

"Trascendencia pública" 

En la Resolución Nº 343, el Tribunal Oral Penal Nº 1 se pronunció del siguiente modo: "Para determinar si la suspensión de juicio a prueba puede ser una alternativa, no podemos soslayar la multiplicidad de víctimas que perdieron la vida en el hecho, que otros resultaron lesio­nados, el interés de las víctimas de que se realice el juicio, y ser una causa de trascendencia pública que amerita ser debatido en juicio".