El riesgo de un gobierno sin rumbo 

El denominado "riesgo país" es un indicador que el mercado internacional asigna para di­mensionar la solvencia que tiene una nación en función de la capacidad financiera para honrar su deuda con los acreedores en general, pero en especial con los acreedores externos. Se trata pues de un valor que refleja la confianza, o mejor dicho: la desconfianza. Más alto es el indicador de riesgo país, mayor es la desconfianza y eso se traduce en la clau­sura de oportunidades para tomar nuevos créditos, que bien permitirían seguir funcionando o pagar los créditos anteriores que están en mora. A la Argentina, el riesgo país lo ubica cada día en peor posición, bailo­teando con la frustración. 

Traducido al mundo futbolísti­co, el riesgo país es como los pro­medios del descenso que se utili­zan en la Argentina. El que tran­sita por ese segmento de la tabla de posiciones es candidatazo al tobogán. La Argentina está siem­pre en ese lote y ahora vuelve a mostrarse como protagonista. Se debe, fundamentalmente, a la au­sencia de respuesta para resolver la crisis económica, un factor de­terminante que achica cualquier expectativa de pagar la deuda, por eso los acreedores miran al país con espanto.

El indicador, que lo establece una afamada consul­tora norteamericana (JP Morgan) se basa en la cotiza­ción de los bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera. Los papeles criollos valen un puñado de dólares. 

Ayer, el riesgo país de la Argentina llegó a los 1.816 puntos y experimentó una suba de más del 32% en lo que va del año. Se debe a la profundización de la caída de los títulos públicos. Este indicador de la desconfian­za sobre la deuda argentina alcanzó así otro récord en 14 meses, precisamente desde que se lanzaron los úl­timos bonos cuando se reestructuró la deuda con los acreedores privados con una quita de intereses y un período de gracia.

Estos bonos en dólares con ley extranjera son la re­ferencia de la deuda argentina en el exterior y en algu­nos casos, como el GD35 y el GD46, son operados por debajo de los US$30, un precio mínimo desde su salida a cotización en septiembre de 2020. Desde entonces, el riesgo país de Argentina creció en más de 700 pun­tos básicos, lo que implica que si el Gobierno intentara colocar bonos en el exterior en estas circunstancias, debería pagar tasas de 20% anual en dólares para ob­tener aceptación en el mercado voluntario de deuda, ante bonos del Tesoro de los Estados Unidos que en sus emisiones a diez años paga una renta de 1,645% anual.

Dicho de otro modo, si el Gobierno argentino bus­case tomar un préstamo en el mer­cado internacional le saldría muy caro, pero además se da el hecho de que no hay quien esté interesa­do en dar crédito a un país tremen­damente endeudado y sin expec­tativa de solución en lo inmediato. La negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional podría despejar el camino de obs­táculos para volver a generar algo de confianza en el mercado inter­nacional.

El problema es que Argentina tiene una larga historia de pre­sentación (y armado) de programas con el FMI que después no se cumplen. Allí es donde entra la política, que es la responsable de la conducción del país. Si no hay acuerdo con la oposición ni una postura coheren­te en el Gobierno el fracaso está garantizado. Este es el verdadero riesgo país, que Alberto Fernández, pre­sidente del gobierno de Cristina Kirchner, no puede despejar. Ayer se produjo una seguidilla de marchas y contramarchas: Matías Kulfas señalando a Roberto Feletti; Miguel Pesce corrigiendo sus dichos sobre el FMI; Martín Guzmán pontificando sobre el rol de los bancos, en definitiva un mosaico de estridentes dico­tomías. 

Parece difícil definir un único rumbo para salir del mar de la desconfianza.