Causa 8 obreros: defensa planteó queja y de cuajar congelará el inicio del juicio 

El abogado defensor de uno de los 3 imputados por la muerte de los 8 obreros que cayeron de un edificio en construcción el 22 de marzo de 2021 presentó ayer un recurso de queja con fi­nes suspensivos, el cual de ser aceptado implicaría que el juicio -el cual no ha co­menzado aún debido a que las anteriores jornadas se di­rimió la aplicación o no del instituto de la "probation", que terminó siendo dene­gada- no comience este año. Uno de los abogados que re­presentan a una de las pocas familias que sostuvieron la acusación particular mani­festó que la acción defensiva tiene fines dilatorios y forma parte de una estrategia que busca la prescripción del caso. 

Fuentes judiciales infor­maron que ayer se realizó una nueva jornada ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) de Corrientes por la causa que investiga la res­ponsabilidad del arquitecto Marcelo Mayer, el ingeniero Walter Bruquetas y el capa­taz Carlos Valenzuela, por la muerte de los 8 obreros y las lesiones de otros 3 al derrumbarse la cima de un edificio en construcción ubicado por calle San Martín al 600. La audiencia se de­sarrolló sin que aún se pue­da dar inicio al juicio contra los 3 imputados, ya que el representante legal de uno de ellos presentó recurso de casación contra el rechazo de la suspensión del juicio a prueba, cuyo pronuncia­miento se dio a conocer la semana pasada y luego que el fiscal de Cámara, Carlos Lértora, se pronunciara a favor de la misma. "El abo­gado defensor de Marcelo Javier Mayer, doctor Julio Leguizamón, presentó ayer un recurso de casación con efecto suspensivo. Su admi­sibilidad formal se resolverá en la próxima audiencia", explicaron las fuentes. 

En ese contexto se plan­tean dos escenarios posi­bles: el TOP1 puede dar cur­so a la acción y de momento suspender el inicio el debate para que la queja sea tratada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o rechazarla y abrir el juicio con la lectura de la pieza acusatoria, paso formal de apertura de la ins­tancia que definirá si Mayer, Bruquetas y Valenzuela han sido o no responsables del delito de "estrago culposo agravado por poner en peli­gro de muerte a personas y por ocasionar la muerte de personas" (que en abstracto prevé una pena máxima de 5 años). 

Además durante la jorna­da, el TOP1 -conformado por el juez Raúl Juan Carlos Gue­rín y las juezas Cynthia Te­resita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo- rechazó también el recurso de re­posición presentado por la defensa de Carlos Valen­zuela, por la continuidad de la causa por estar pen­dientes plazos recursivos cuando el tribunal aún no había dispuesto sobre el particular, por lo que se consideró inoficioso el pe­dido. Una vez resuelta esa cuestión se dio paso a un cuarto intermedio hasta la próxima semana cuando el tribunal dará a cono­cer su postura respecto al planteo defensivo. 

En el requerimiento de elevación a juicio se tuvo por probado que entre las 12.30 y 12.50 del 22 de marzo del 2012, 11 obreros trabajaban en altura en una obra con el hormigonado de una es­calera ubicada debajo del tanque de agua. Y al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él, pro­vocando la muerte de 8 per­sonas que cayeron al vacío. 

"El fiscal consideró que el hecho se produjo por gra­ves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado que resultó defec­tuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos", expli­caron las fuentes. 

Los fallecidos fueron Die­go Hernán Rodríguez, Mar­cos Ramón Ricardo Gonzá­lez, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzue­la, Ramón Valentín Zacaríaz, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Me­dina. Recibieron lesiones graves fueron Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Va­lenzuela, y heridas leves José Augusto Molina. 

"Los derechos y garantías constitucionales que ampa­ran al imputado, deben ser armonizados con el deber estatal de ‘afianzar la Justi­cia’, con la finalidad de pre­servar el interés general de la comunidad y particular de las víctimas en la necesidad de superar esa visión simple, como un cumplimiento de meras formalidades a fin de dar una respuesta fundada, justa y razonable para ga­rantizar los derechos de las víctimas", sostuvo el Top1 al rechazar la probation. s 

EL TRIBUNAL LA SEMANA RECHAZÓ LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO PESE A LA ANUENCIA DEL FISCAL LÉRTORA. 

De ser aceptado el caso deberá ser analizado por el Superior Tribunal de Justicia. 

"El recurso interpuesto es para dilatar" 

Desde la querella dieron -una vez fi­nalizada la audiencia- su parecer: "Con­sideramos que no peligra el debate pero entendemos sí que los recursos interpues­tos son para dilatar el inicio de esto. Te­níamos la esperanza de confirmar la fecha de audiencia para debate. Pero de manera sorpresiva interpusieron un recurso de casación. Debemos seguir en estas au­diencias", contaron desde la querella. Por otra parte explicaron que "si le hacen lu­gar deberá actuar el Superior Tribunal de Justicia". 

Por otra parte se supo que la querella haría un pedido formal para la incorpo­ración de otro miembro del Ministerio Público ante "la falta de garantías" que el fiscal de cámara Carlos Lértora, quien les genera debido a su postura respecto al otorgamiento del beneficio para los acu­sados. "Lamentablemente no podemos recusar al Fiscal, pero vamos a pedir otro, para que se incorpore y así dar más ga­rantías a las familias desde el Ministerio Público", dijo ayer a la mañana el doctor Juan Manuel Cubilla Podestá, represente legal de una de las familias damnificadas en declaraciones radiales.