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CONFLICTO EN EL SANTUARIO EN LA RUTA 123

Relacionan a puesteros rebeldes con sospechosos de lavado

La justicia ordenó que se libere el predio del Gauchito Gil, pero 17 ven­dedores se niegan a dejar el lugar. Gendarmería podría intervenir.

Unos 17 puesteros se nie­gan a dejar el predio ubica­do en la banquina de la Ruta Nacional 123 en el santuario del Gauchito Gil, en la ciu­dad correntina de Merce­des. La determinación es contraria a un acuerdo al que habían llegado los re­presentantes de estos co­merciantes informales con las autoridades guberna­mentales provinciales, los funcionarios de la Muni­cipalidad de Mercedes y la Justicia Federal. Lo que se busca es poner fin a un re­clamo que hizo la Dirección Nacional de Vialidad Na­cional hace casi 30 años. La institución hace notar que existen veinte metros des­de la cinta asfáltica hacia ambos costados que perte­necen al Estado Nacional. Y ese espacio debe estar des­pejado por cuestiones de se­guridad vial, pero también porque es un área contem­plada para eventuales usos de logística cuando la vía de tránsito es reparada.

"De los 60 puesteros rele­vados, la mayoría se empe­zó a trasladar al nuevo lugar donde van a funcionar los puestos de venta, pero un grupo muy pequeño se niega a irse y presentaron un am­paro que fue rechazado por el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda", explicó el abogado Martín Villalba, quien representa a la mayor parte de los vende­dores. El letrado explicó que "el juez (Fresneda) intimó a estos 17 puesteros para que despejen el lugar. El vier­nes llegaron los gendarmes con los oficios; algunos de estos puesteros fueron notificados y otros no es­taban. Pero, el miércoles se vence el plazo", explicó Villalba. El letrado remarcó que "desde la audiencia del 25 de agosto se instalaron carpas para reubicarlos. Cuarenta de ellos ya tienen lugar designado para traba­jar e iniciaron trámites para instalar la electricidad, por lo que empezaron el tras­lado de sus mercaderías y sus estructuras". Agregó, por otra parte, que "otros comerciantes -17- se pre­sentaron con un abogado ante la Justicia. La espo­sa de este letrado tiene puestos al lado de la ruta. Y este grupo tiene la deci­sión de no moverse de ese lugar. Ellos dicen que quie­ren esperar un proyecto de­finitivo". Este sector había presentado un amparo en la Justicia Federal para que les permitan continuar en ese espacio, pero el juez les negó el permiso y por ello ahora este tema está en Cámara Federal de Apelaciones a fin que se resuelva la discusión. Según fuentes cercanas a la causa este minúsculo grupo estaría vinculado a una mu­jer que está sindicada como supuesta líder de una orga­nización que administró el predio por varias décadas y que ahora está investi­gada por el posible delito de lavado de activos, como también de haber tenido relación en los hechos que derivaron en los homicidios de Sergio y Julio Canteros, padre e hijo que fueron apu­ñalados en agosto pasado cuando una horda intentó tomar su vivienda, frente al santuario.

Muerte  y mafia

Una mujer de apellido Villalba es sindicada como la supuesta líder de una organización que adminis­traba el predio del Gauchito Gil en Mercedes. Figuraba como la responsable de una supuesta asociación de vendedores, pero lo que se sospecha es que utilizaba los puestos para alquilarlos a bandas narcos para que guarden allí estupefacien­tes. También se la investiga por haber obtenido bienes de alto valor sin haberlos declarado ante la Adminis­tración Federal de Impues­tos. Es por ello que el fiscal federal Aníbal Martínez pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que establezca la posible exis­tencia del delito de lavado de activos, mientras que también se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico. En tanto, en la Justicia Provincial lo que se trata de establecer son las responsabilidades de 10 personas que atacaron la vivienda de Julio y Ser­gio Canteros, el pasado 6 de agosto. En esa situación los dos hombres fueron asesinados. La mayoría de los detenidos por el hecho son familiares de Villalba. Lo que se sospecha es que éstos querían tomar la casa y el terreno de los Canteros para luego convertirlos en puestos que alquilarían por fuera de los mecanismos legales, una práctica que ya había sido denunciada

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