Geriátrico ilegal: los abuelos eran aislados de sus familiares

Una mujer tocó timbre en el lugar donde estaba aloja­da su abuela, pero quien la recibió le negó la entrada y la echó del lugar. Esto la lle­vó a que investigara respec­to a la legalidad de ese lugar y en este contexto.

Denunció el hecho, pero también dio a conocer que los abuelos alojados en ese supuesto geriátrico no reci­bían atenciones acordes a la edad y a las necesidades de cada uno.

Es así que el Ministe­rio de Salud Pública inició una investigación y poste­rior causa judicial contra el dueño de ese edificio -cuya identidad no trascendió-, pero que había concurrido a conocer los requisitos que necesitaba para habilitar el lugar, aunque nunca inició el trámite.

Este hecho fue otro dato tomado en cuenta por los funcionarios para pedir la orden de allanamiento, que se concretó el viernes por la tarde en el inmueble de la avenida Pedro Ferré al 1.600.

La responsable de la Di­rección de Asuntos Legales del Ministerio de Salud Pú­blica de la provincia, María Candelaria Campias, expli­có que "el trámite adminis­trativo se realizó en relación a un expediente especifico, que dio origen a las averi­guaciones de una institu­ción geriátrica o residencia que supuestamente funcio­naba en ese lugar". 

La funcionaria indicó que en este contexto "fueron al lugar los inspectores del Ministerio de Salud Públi­ca, pero no se les permitió ingresar en un primer mo­mento", ya que los encarga­dos del lugar les negaron el acceso.

Ante esta actitud de los responsables del lugar, "se iniciaron medidas contra el propietario o inquilino. Y así llegamos al dato de que esta persona se había pre­sentado con la supuesta in­tención de iniciar el trámite de habilitación, pero nunca lo hizo". 

Agregó también que "ese lugar tenía como proyecto de geriátrico, pero no te­nían nada avalado. Eso fue en agosto". Para el sistema de salud esa residencia para personas de la tercera edad no existía como tal, pero había indicios de que había personas alojadas allí.

"Recibimos un pedido de verificación por una de­nuncia de una persona que tenía alojado un familiar en esa dirección. La situación fue extrema cuando no se le permitió visitar a ese fa­miliar, y entonces realizó la denuncia". Esto derivó, por un lado, en una acción ad­ministrativa; pero también en una causa judicial por la que se ordenó allanar el edificio.

"Encontramos tres abue­litos alojados en ese inmue­ble, que no reúne ni las más mínimas condicio­nes para tenerlo habitado como geriátrico o institu­ción de alojamiento para personas mayores", dijo Campias.

A lo que agregó: "Todo era precario, con dos o tres habitaciones, sin me­didas de seguridad, y en una de las habitaciones hasta había depósitos de chata­rra. Para nada acorde a lo que requiere una atención adecuada de los abuelos".s

La instalación allanada era muy precaria. Un baño no tenía puertas y estaba separado de una vivienda por mamparas.