La Justicia pidió informe sobre los gastos y las cuentas del Gobierno

La Corte provincial se in­volucró en el conflicto por la recomposición salarial del 10% para judiciales que está siendo trabada por el Ejecutivo. En una dura Acordada, conocida en las últimas horas, solicitó infor­mes para conocer el estado de las cuentas del Gobierno de la Provincia. Los cinco magistrados tomaron dicha iniciativa ante los reclamos de trabajadores judiciales que sumaron en su última marcha del pasado martes, funcionarios y jueces de la provincia nucleados en el Colegio que los sindicaliza.

De esta manera se generó una controversia entre los poderes Ejecutivo y Judicial por la negativa del Ejecutivo provincial de no hacer efec­tiva la recomposición sala­rial del 10% establecida en septiembre por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para los empleados judicia­les, y pedido por los supe­riores a la Tesorería.

Los cinco ministros de la Corte provincial, además del fiscal General, César Sotelo, solicitaron en una Acordada informes a la Tesorería de la Provincia y al Banco de Co­rrientes sobre el estado de cuentas.

Concretamente se pide, en el término de 72 horas, vence este viernes 17 de diciembre, envíe los infor­mes requeridos. "Todos los recursos ingresados a la Provincia por Copartici­pación y otros conceptos en el ejercicio financiero del 2021".

Entre los argumentos de la Acordada, se destacan los expuestos por uno de los ministros del STJ, Ale­jandro Chaín. "Respecto del argumento del ministro de Hacienda de la Provincia, en cuanto a que el Poder Ju­dicial agotó su presupuesto, constituye una falacia", afir­mó el juez.

En la parte más dura de su fundamentación, Chaín solicitó que el Ejecutivo le transfiera una determina­da cantidad de plata al Po­der Judicial para no caer en "malversación de fondos". 

"El artículo 192 de la Constitución provincial atribuye al STJ la Autarquía Financiera para administrar los recursos del Poder Judi­cial, encontrándose el Teso­ro de la Provincia obligado mensualmente a entregar a la Directora General de Ad­ministración el importe que le corresponda por el Presu­puesto de cada mes", justifi­có su postura Chaín.

En ese sentido, recalcó que "debe quedar en claro que los Recursos del Poder Judicial no están en manos del Poder Ejecutivo sino del Superior Tribunal de Justicia". "No puede seña­larse como argumento que el Poder Judicial tiene su presupuesto agotado, por­que la Legislatura debatió el Presupuesto 2021, con base en pautas inflacionarias del 27%, cuando ya estamos fi­nalizando el año con un por­centaje inflacionario alrede­dor del 53%", afirmó.

Para explicar que, "si bien la inflación perjudica al asa­lariado, tiene un impacto de mejora en la recaudación del Tesoro, en razón de que la recaudación general se constituye en un 80% con impuestos indirectos al con­sumo, que son fondos co­participables y que ingresan directamente a la Provincia por coparticipación".

RECURSOS 2021

Allí explicó que los $7.398.598.317 que se le otor­gó por ley de Presupuesto para el ejercicio financiero 2021 al Poder Judicial de Corrientes, "quedaron li­cuados, pero no se agotaron, sino que se incrementaron por mejora en la recauda­ción en más de un 30% por efectos de la inflación". 

"Esa mayor recaudación debe ser transferida al Po­der Judicial en el orden del 6,27%, conforme lo esta­blece la ley", infirió Chaín. "Caso contrario se estarían malversando fondos que le corresponden a la Adminis­tración de Justicia Provin­cial", concluyó.

Según la postura del STJ, a los trabajadores judiciales le corresponden, no solo el 10% de recomposición adeudada, sino también otro 15% más. "No se ha­bla de aumento, sino que se plantea una actualización por los efectos de la infla­ción", señalaron desde la Justicia.s