Empantanados en el disloque

Endeudado y con todas las variables desali­neadas, en términos económicos la Argentina hace agua, el gobierno de los Fernández no tie­ne un rumbo definido, quieren acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero al mismo tiempo pretenden imponer condiciones de flexibilidad a gusto y paladar al organismo multilateral de crédito que manejan las principales potencial del mundo. A todo esto, la administración neokirchnerista no puede avanzar con el Presupuesto 2022 porque el proyecto es un garabato inconsistente; mientras en el Congreso Nacional la oposición tropieza con su propia interna y queda trancada a medio cami­no entre la negativa tajante y el acompañamiento civilizado para dar visos de institucionalidad a un procedimiento clave en la ad­ministración del Estado. En medio de este escenario, la Corte Supre­ma de Justicia dictó un fallo que constituye un cañonazo a la línea de flotación del sistema judicial, declaró inconstitucional la modi­ficación que se hizo al Consejo de la Magistratura en 2006. Es decir que hace 15 años ese organismo clave del Poder Judicial está ac­tuando de manera irregular, pero no hay problema por­que los "supremos" convalidaron todo lo actuado de manera "inconstitucional".

Es posible que el ciudadano de a pie no entienda ni una línea de todo lo anterior. Se necesitaría un equipo interdisciplinario para explicar este desbarajuste. Re­quisito indispensable: contar con un psicólogo porque hay algunos desvíos que son patológicos.

Como sea, el fallo de la Corte Suprema constituye una perfecta síntesis de la debacle nacional. ¿Cómo es posible que hayan dejado pasar tres lustros para resol­ver que el Consejo de la Magistratura estaba mal con­formado y funcionaba colisionado los estándares de la Constitución Nacional? 

Difícil de entender tanta dilación, pero así se mueve la Justicia argentina y sobre todo la Corte, a velocidad de tortuga.

Concretamente el fallo, firmado por el presidente Horacio Rosatti, y los vocales Maqueda y Rosenkrantz, declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en el año 2006. Además -de paso- le encargó al Con­greso de la Nación una nueva ley que lo regule y con­cedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros (faltantes) del Consejo de la Ma­gistratura. Si en este plazo de cuatro meses (120 días) el organismo no vuelve a integrarse con 20 miembros o si no hay una nueva ley, los actos serán declarados nulos.

La parsimonia que tuvo duran­te 15 años se trastoca ahora en un aceleración incomprensible. Más extraño todavía porque la Corte determinó que todo lo ejecutado durante este tiempo (de irregulari­dad) es válido. Es decir los magis­trados y fiscales que promovió el Consejo durante estos tres lustros no serán cuestionados, del mismo modo aquellos procedimientos de remoción que ejecutó no serán revisados. Todo queda como está, pero el hecho es que el organismo estaba funcionando mal. Incomprensible, como casi todo en la Argentina.

¿Es posible normalizar el Consejo de la Magistratu­ra en cuatro meses? Cada sector con representación, jueces, abogados, académicos, legisladores tienen que hacer su elección. Parece poco probable que puedan llevar adelante esa misión. 

Por otro lado le queda una tarea compleja al Congre­so de la Nación, en medio de las fiestas y con las vaca­ciones encima. Si no logran ponerse de acuerdo con el Presupuesto Nacional, herramienta indispensable para que funcione el país, parece difícil que definan una nueva ley del Consejo de la Magistratura. 

Es la realidad de un país empantanado en el disloque.