Ocho obreros: por falta de fiscal el juicio se suspendió

El juicio oral y público a tres hombres (un arquitec­to, un ingeniero y un capa­taz) por la muerte de ocho obreros ocurrido hace casi 10 años, otra vez fue pos­tergado hasta marzo, en las vísperas del décimo aniver­sario de la mayor tragedia de la ciudad de Corrientes en el siglo XXI. Fuentes judi­ciales explicaron que si bien el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1) al rechazar el recur­so de queja de la defensa y apartar al fiscal de cámara, Carlos Lértora, había fijado para ayer el inicio de esta instancia del proceso pero esto no pudo consustan­ciarse debido a que el fun­cionario del Ministerio Pú­blico que debía reemplazar­lo presentó ante los jueces un escrito eximiéndose de tal responsabilidad. Se trata del titular de la fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2), Gustavo Schmitt Breitkreitz. Desde el orga­nismo judicial no brindaron un comunicado al respecto de las motivaciones por las cuales el procurador desis­tió del mandato de sostener la acusación pública luego de que su par Lértora se hu­biera pronunciado a favor de los acusados dando la anuencia para que reciban el beneficio de la suspen­sión a juicio a prueba, lo que fue denegado por el TOP1. 

El que sí habló fue el que­rellante Juan Manuel Cubi­lla Podestá, quien adelantó la nueva fecha para el inicio del juicio ha sido fijada para el 10 de febrero próximo si la Justicia correntina con­sigue un fiscal que continúe el proceso. "En un escrito dirigido al Tribunal Oral, el fiscal Schmitt se opuso a enjuiciar a los acusados del derrumbe del edificio que estaba en construcción por calle San Martín", aseguró el letrado sin brindar por­menores de qué razones llevaron al funcionario a to­mar tal decisión y en qué se fundamentó. "Esto obliga a los jueces a suspender has­ta febrero próximo el juicio contra los acusados Marce­lo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela", pre­cisó. 

"Desde hace 9 años, a punto de cumplir 10 el 22 marzo, la Justicia correntina no ha podido dar respuesta a las familias damnificadas sumando un nuevo y bo­chornoso capitulo a esta lamentable historia", repu­dió el representante legal de una de los dos familias que no acordaron con los empresarios y que lograron que no se les conceda la "probation". Cubilla Podes­tá dijo que "el Ministerio Público Fiscal se encuentra atravesando una grave cri­sis, la que debe garantizar que los fiscales de juicio no puedan rehuir de cumplir sus deberes".