La reelección indefinida genera opacidad

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha expedido sobre la reelección indefinida (ocurrió el pasado 7 de junio de 2021). Respon­dió a los interrogantes for­mulados en el marco de una opinión consultiva realizada por Colombia sobre ¿Es la reelección presidencial inde­finida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos?; ¿Resultan con­trarias al art. 23 de la Con­vención Americana sobre Derechos Humanos, las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presi­dencial, ya sea por restringir los derechos políticos de los votantes?, ¿Es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde a los princi­pios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de confor­midad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia?

En primer lugar, se defi­nió a la reelección indefini­da como "la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la Presidencia de la República por más de dos períodos consecutivos de duración razonable" sin que dicha duración pueda "ser modificada durante la vigen­cia del mandato" entendió que una reelección en el car­go de quien ostenta el Poder Ejecutivo es razonable si está prevista en el texto constitu­cional.

Entiende que la prohibi­ción de la reelección pre­sidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa y evita la con­centración de poderes en el Poder Ejecutivo en el sistema presidencial, por lo que la res­tricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegu­rar dicha finalidad y se evita la afectación al Principio de Separación de Poderes; que se afecte el Régimen Plural de Partidos y Organizaciones Políticas; como así también se asegura la alternancia en el ejercicio del poder.

Se dilucida la aparente tensión entre los principios democráticos y los derechos políticos de la persona reele­gida.

Considera que en el marco de la competencia electoral del titular del Poder Ejecuti­vo tiene una posición privi­legiada en dicha contienda. Mientras mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja.

La Corte IDH, por mayo­ría, concluyó que el mayor peligro actual para las de­mocracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante co­micios populares.

Cabe acotar que el pro­ceso abierto por la Cor­te IDH en el marco de tal cuestión recibió el aporte de 62 organiza­ciones que emitieron su opinión antes de la reso­lución concluyente del or­ganismo internacional.

Ahora bien, no se trata solo del derecho de una persona a la luz de la Cadh, sino que se debe sumar la afectación -o no- al sistema, de allí que se debe observar la Carta In­teramericana de la OEA de 2001, y también el contexto de los derechos políticos de una comunidad para "tener acceso en condiciones de igualdad".

Es reconocido que el acce­so al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Dere­cho es un elemento cons­titutivo de la democracia representativa; fundado en normas y reglas donde el po­der de las mayorías restrinja derechos de las minorías que le impidan el acceso al poder a estas, pues la institucionali­zación del ejercicio del poder político, el cual está sujeto a límites jurídicos y sometido a un conjunto de controles.

También dijo que las mo­dificaciones de las normas relativas al acceso al poder de forma que beneficien a la persona que se encuentra en el poder, y pongan en una situación desventajosa a las minorías políticas, no son susceptibles de ser decidi­das por mayorías ni por sus representantes. De esta ma­nera se evita que gobiernos autoritarios se perpetúen en el poder a través del cambio de las reglas del juego de­mocrático y se erosione la protección de los derechos humanos. Se debe evitar la concentración del poder que implica la tiranía y la opre­sión, para ello es menester garantizar la separación de poderes, el pluralismo polí­tico, la posibilidad de alter­nancia y evitar que una per­sona se perpetúe en el poder.

NUEVO PARADIGMA

Conforme el art. 28 de la Cadh el Estado Federal no puede eximirse de su respon­sabilidad por el incumpli­miento de la Cadh y otro ins­trumento internacional que efectúe un Estado miembro, so pretexto la organización federal del Estado.

La llamada cláusula fede­ral que es "aquella disposi­ción convencional impele al Gobierno nacional a cumplir todas las obligaciones rela­cionadas con las materias respecto de las que ejerce jurisdicción legislativa y ju­dicial, y el deber de tomar inmediatamente las medidas pertinentes, de acuerdo con su Constitución y leyes, para que las autoridades com­ponentes del Estado federal puedan cumplir con las dis­posiciones del pacto", dice Bazán.

La Corte IDH sostuvo que "según una jurisprudencia centenaria y que no ha varia­do hasta ahora, un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacio­nal", cuestión que anterior­mente había sido analizada por el tribunal en el nombra­do "Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina".

Cierto es que los intentos de reformas constitucionales con reelección de los gober­nadores se dieron a partir del año 1994, pero siempre con un solo período conse­cutivo; pero en las últimas décadas la tendencia es am­pliar las posibilidades reelec­cionistas, donde vale más la facticidad que la finalidad. "Tiene que haber un lideraz­go predominante. Cuando se les acaba el mandato, mu­chos gobernadores lanzan la idea de impulsar una nueva reelección como una forma de mantener su poder hasta último momento. La reelección propicia una visión per­sonalista o paternalista -la del hombre providen­cial o irremplazable, figura remozada del caudillo-, esta­bleciendo una suerte de ma­yor importancia del órgano persona por sobre el órgano institución, invirtiendo los términos de la organización estatal democrática y garan­tista (excluyente del culto a la personalidad), en la que los electos son simples eje­cutores de las funciones ad­judicadas a la institución", dice Dalla Vía.

Así las cosas, lo que nació al calor de viejos textos cons­titucionales y en contextos temporales superados deben ser analizados a la luz de una supremacía constitucional que ensancha -felizmente- los derechos humanos de los titulares de la soberanía popular y no de los represen­tantes de estos.

La reelección indefinida como pretensión reformista para modificar las condi­ciones de representación y competencia electoral deben analizarse a la luz de los de­rechos colectivos, teniendo en cuenta el sistema demo­crático, sus principios, valo­res y reglas, y por supuesto el derecho humano concreto de quien quiere tener la oportu­nidad -una nueva- de postu­larse y gozar del derecho al sufragio pasivo.

No solo es consagrar la imposibilidad de modificar el texto constitucional local para instalar la reelección in­definida lo que afecta al siste­ma interamericano, también mantener textos constitucio­nales arcaicos que permiten este mecanismo.

Recientemente en "Gori­goitía vs. Argentina" (37) la Corte IDH, en la materia que ponemos atención, que exis­te un deber de los Estados en la necesidad "de adoptar medidas de derecho interno conforme la cláusula federal. La Corte recordó que el de­ber de adoptar disposiciones de derecho interno implica la adopción de medidas en dos vertientes: la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen la violación a las garantías previstas en la Convención, y la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de di­chas garantías ya que ‘todas las autoridades tienen la obli­gación de ejercer un control de convencionalidad’".

En este sentido y teniendo en cuenta la resolución de la Corte IDH en la Opinión Con­sultiva OC-28/21 del 7 de ju­nio del 2021 deberíamos pro­ceder para tener una demo­cracia gobernante y no una democracia gobernada.s 

(*) Abogado. 

Profesor Adjunto de Derecho Político y Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la Unne.