El devaneo fiscal, política de Estado 

A principio de esta semana el gobernador de la provincia de Corrientes, el radical Gustavo Adolfo Valdés, rubricó el denominado Con­senso Fiscal 2022 diseñado por el gobierno del neokirchnerista Alberto Fernández sobre la base -dicen- de conversaciones previas con los equipos técnicos de las distintas jurisdicciones del país. En to­tal 23 mandatarios suscribieron el convenio, incluido otros dos radicales, el jujeño Gerardo Morales, quien además es nuevo presidente de la UCR nacional, y el mendocino Rodolfo Suárez; el único que rechazó el convite fue el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El acuer­do fiscal, que define condiciones vidriosas respecto de la salud fiscal del Estado central y espe­cialmente sobre conductas de las provincias en materia de política tributaria, generó una urticante incomodidad en el arco opositor. Los socios de Juntos por el Cam­bio, el espacio que habitan los macristas y radicales, además de la Coalición Cívica de Lilita Ca­rrió y el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto, se vie­ron en la obligación de tener que explicar la disparidad de criterios frente a esta iniciativa. Y no tuvieron éxito. La contra­dicción que envuelve a JxC es pariente de la frustra­ción que tiene enterrada a la Argentina en el pantano.
Sucede que este Consenso Fiscal 2022, que tiene entrelazado en su artículo el riesgo de un aumento de la presión impositiva, constituye un volantazo respec­to del acuerdo fiscal que se definió hace menos de un lustro -durante el gobierno de Mauricio Macri- y que fue suscripto por casi todas las provincias, incluida Corrientes, que hace cuatro años estaba de acuerdo con otro plan, sustancialmente distinto en lo concep­tual del actual que fue propuesto por el profesor Fer­nández. Este es el gran problema del país: marchas y contramarchas. Las políticas de Estado duran lo que un suspiro y entonces aquello que se definió en deter­minado momento, en consenso general con plazos y objetivos precisos, se cambian sobre la marcha y a na­die le tiembla la mano para estampar la firma. 
El punto es que en 2017, en el segundo año efectivo del mandato de Mauricio Macri, se puso en vigencia un Consenso Fiscal que establecía condiciones sacri­ficadas para ir reduciendo gradualmente el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos en un período de 5 años. Para ello se establecieron topes (ninguna jurisdicción podía cobrar por arriba de ese parámetro) hasta llegar al año 2022 con una baja del 1.5% del PBI. El objeti­vo era aliviar la presión fiscal de tal modo que permi­ta levantar cabeza al sector productivo. Si bien ponía en apuros a las provincias porque limitaba su ventanilla de recauda­ción, suponía un modelo más vir­tuoso para resolver un esquema tributario profundamente nocivo. 
El Consenso Fiscal 2022 dejó sin efecto la baja progresiva en el impuesto a los Ingresos Brutos que debía aplicarse conforme al acuerdo de 2017 (gestión de Ma­cri). ¿Qué pasará ahora? Sin subir esos topes impositivos se mantie­nen los mismos parámetros para los diferentes sectores. Esto es lo que permite argumentar al gobier­no del Frente de Todos y a muchos gobernadores, en­tre ellos Gustavo Valdés, que no está contemplada una suba de impuestos. 
Afirman que no habrá incrementos en los impues­tos. Pero, el hecho es que los impuestos tenían que ba­jar, conforme a lo estipulado en el Consenso Fiscal an­terior. Podría interpretarse como una forma de subir la presión fiscal. Además porque piensan establecer un impuesto a las herencias y las donaciones.
Noticia positiva: el gobernador de Corrientes dijo que no piensan acompañar esa idea del impuesto a las herencias, etc. Sin embargo, el radical Valdés ponde­ró el acuerdo que acaba de firmar con Fernández, dijo que permite poner "las reglas claras". ¿Acaso no esta­ban claras las reglas?