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SE AGRAVAN LOS COSTOS

Pymes advierten que el pacto fiscal es un retroceso

Desde la CAME sostienen que este acuerdo es una regresión en el propósito de disminuir el impuesto a los ingresos brutos. 

El acuerdo que el presidente Alberto Fernández firmó con los mandatarios provinciales en diciembre pasado obtuvo media sanción en el Senado y deja sin efecto, por otro año, los topes a las alícuotas de los impuestos provinciales.
"Aumentar la presión fiscal en medio de una crisis económica, laboral y sanitaria sólo agravará la agonía de las pymes", sostuvo el presidente de la Came, Gerardo Díaz Beltrán, y agregó: "Les pedimos a los gobernadores que sean conscientes de la difícil situación que estamos pasando. Más presión fiscal sólo generará mayor desempleo".
La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y fue girada a Diputados. Si el acuerdo se convierte en ley permitirá nuevamente a las provincias gravar con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año. De esta manera, muchas jurisdicciones podrán elevar el monto de este impuesto, que ya de por sí es distorsivo y agrava los costos. 

También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos, a la vez que las provincias podrán restablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario de los trabajadores.
"Estamos convencidos de que, a partir del crecimiento de las pymes existentes, y con la generación de nuevas empresas en todo el país, saldremos adelante, creando empleo y dinamizando las economías locales. Para lograrlo, quienes impulsamos el sector productivo pyme nacional necesitamos estabilidad fiscal y desarrollo federal", subraya el informe.

En virtud de ello, desde la Came solicitan incorporar al reciente Consenso Fiscal los siguientes objetivos: en primer lugar pide reducir progresivamente la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos en un plazo no mayor a 3 años para toda empresa calificada como micro, pequeña y mediana con certificado pyme vigente.

Exigen suspender por 180 días todo régimen de retención y/o percepción, hasta tanto la comisión arbitral establezca un sistema claro y uniforme que evite la apropiación indebida de base imponible, cobrando impuestos que no corresponden. También solicitan crear una cuenta corriente única que permita que la retención y/o percepción indebida realizada por una provincia pueda ser tomada por el contribuyente en la provincia que corresponde.

Y finalmente, cómo ultimo punto, solicitan la devolución automática de saldos a favor generados a través de la cuenta corriente única.