Atentaron contra juez de Garantías y amenazaron a la familia

Unas 200 personas tomaron un predio privado en la localidad correntina de Esquina, por lo que, ante la denuncia

del propietario, un fiscal solicitó el desalojo del lugar. El juez de Garantías de esa ciudad, Gustavo Vallejos, dio lugar a la solicitud del fiscal en turno, Juan Domingo Ramírez, y envió a la Policía para hacer efectiva la medida pedida por el Ministerio Público. Pero, tras esta determinación, los "okupas" irrumpieron en la vivienda del juez, la que atacaron a pedradas, para posteriormente dirigirse hacia la vivienda de su ex pareja y amenazarla de muerte. Lo llamativo es que, ante el atentado, el fiscal en turno, Juan Domingo Ramírez, no dispuso ninguna medida investigativa ni de custodia, y fue el mismo juez el que tuvo que solicitar a la Policía que estableciera una guardia de protección.
El atentado al magistrado de instrucción se produjo el viernes último, cuando un grupo de al menos 200 manifestantes se agolparon frente al inmueble donde reside el magistrado, donde arrojaron piedras, dañando los cristales de un ventanal corredizo. Mientras esto ocurría, dos hombres ingresaron por la parte trasera de la propiedad, con presuntas intenciones de entrar al inmueble, pero no lograron su cometido. En el transcurso de estos hechos, el mismo magistrado se habría comunicado con el fiscal subrogante para que investigara la situación, pero insólitamente éste no actuó. La Policía fue convocada por el mismo magistrado de garantías para evitar daños, pero no hubo detenciones.
La situación tiene origen en un intento de toma de un terreno privado en las afueras de la ciudad de Esquina, el pasado 23 de enero, cuando unas 200 personas llegaron a la madrugada e instalaron casillas en el predio. Los propietarios del lugar accionaron ante la Justicia para proteger su territorio, y el Ministerio Público fiscal dio lugar a esto. "Por solicitud de colaboración del fiscal subrogante, Juan Domingo Ramírez, y con una orden del juez de Garantías, Gustavo Vallejos, se llevó a cabo el desalojo de estas familias que ocupan el predio en el barrio San Benito, conocido también como ex Tablada", explicó Héctor Montiel, titular de la Unidad Regional II de la Policía de Corrientes. El funcionario movilizó 40 efectivos policiales y ejecutó el mandamiento judicial. "El procedimiento se realizó sin inconvenientes, no obstante, se estableció una custodia en el lugar hasta que la propietaria termine de instalar un cerco perimetral", explicó el funcionario. En tanto, la abogada Susana Fasola defendió la toma de los terrenos al indicar: "Los propietarios no hacen ejercicio de la posesión real de la propiedad".
Se sospecha que esta misma letrada fue la que organizó la toma del predio y que, posteriormente, orquestó el ataque a pedradas a la casa del juez de garantías.