Tras casi una década de los hechos, se inició el juicio por la muerte de 8 obreros
Rechazaron los planteos de la defensa y avanzó el debate oral y público.
El Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes inició ayer, finalmente, el juicio para determinar las responsabilidades con relación a la muerte de ocho obreros de la construcción a raíz del derrumbe de un edificio.
Este juicio se lleva adelante a casi diez años del hecho. La dilación se debe a una serie de tecnicismos, como también por maniobras realizadas por la defensa de los acusados.
Ayer, en horas de la mañana, fueron denegadas las propuestas que presentaron los representantes de Walter Bruquetas, Marcelo Mayer, Elías Cohen y Carlos Valenzuela, responsables de la obra, con relación a ofrecimientos de resarcimiento económico a las familias de la víctimas.
Los mismos están acusados del delito de supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona.
Lo que se les imputa es la supuesta responsabilidad de haber dado órdenes por las que se produjo la muerte de Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa y Paulo Alejandro Medina.
En el mismo hecho resultaron con lesiones graves Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela, y con lesiones de carácter leve José Augusto Molina.
Culminado ese paso de solicitud de suspensión de juicio a prueba -de rechazo al resarcimiento- se dio lugar al inicio del debate, contexto en el que la querella pedirá que los imputados sean encarcelados.
Antes del inicio del juicio, el abogado Julio Leguizamón, uno de los letrados defensores, pidió la suspensión del debate.
Expuso que había presentado ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso para que se revea la situación en la que culminaron las audiencias, en las que se había ofrecido reparar con una entrega de dinero el daño causado a las familias de las víctimas.
Sostuvo que desde su punto de vista, aún no estaba firme el rechazo de la suspensión de juicio a prueba, por lo que no podría iniciarse el debate hasta que el máximo Tribunal no se expida respecto a esto.
Los jueces rechazaron el planteo defensivo, al tiempo que ordenaron que se realice la lectura de la pieza acusatoria para, de esta forma, dar inicio formalmente al debate.
El abogado que interviene en la querella, Juan Manuel Cubilla Podestá, sostuvo que "la defensa intentó otra maniobra dilatoria en el proceso, pero esto fue rechazado. Ahora queda el desarrollo del juicio".
En tanto, el otro querellante, Rubén Leiva, sostuvo: "Los responsables van a terminar presos, de eso no tenemos dudas. Es lo que esperamos".
Y agregó: "Las familias de los obreros y sus representantes legales tenemos la tranquilidad que se rechazó la suspensión del juicio a prueba, lo que intentó ser una maniobra tratando de evitar la prisión que seguramente les caerá a los responsables". "Ellos (por los acusados) van a terminar presos, van a cumplir con la ley porque la sociedad necesita saber quién o quiénes fueron los responsables", sostuvo el letrado.
CAMBIO DE ACUSADOR
En el contexto de esta causa ocurrió otro hecho llamativo, poco habitual: la querella se opone a que un fiscal intervenga en el juicio, y quien debería reemplazarlo se excusó de tomar tal responsabilidad.
Es que en el inicio del proceso de enjuiciamiento, el fiscal Carlos Lértora se había opuesto a juzgar a los imputados. Calificó la situación como un "lamentable accidente" y sugirió que se les otorgue un resarcimiento de medio millón de pesos a cada una de las familias de las víctimas.
Para la querella, "el fiscal buscó que no se juzgue a los imputados", por lo que habían pedido que se lo separe del proceso, que se nombre a otro funcionario para reemplazarlo. Quien es el subrogante natural es Gustavo Schmitt Breitkreitz, un experimentado fiscal que interviene en los debates del Tribunal Oral Penal 2. Pero este, al ser anoticiado de que debía ser parte del proceso de la causa del derrumbe, expuso sus motivos por los que debía excusarse de tal responsabilidad. Desde el Ministerio Público Fiscal no brindaron un comunicado al respecto de las motivaciones por las cuales el procurador desistió del mandato de sostener la acusación pública luego de que su par Lértora se hubiera pronunciado a favor de los acusados dando la anuencia para que reciban el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, lo que fue denegado por el TOP1. Así las cosas, era incierto el inicio del juicio porque no había fiscal designado y el jefe de los fiscales, César Sotelo, debió analizar la situación. El fiscal general dispuso que el fiscal adjunto de la provincia, Jorge Omar Semhan, dirija la acusación en la causa Derrumbe. César Sotelo informó que hizo esta designación para acompañar a las víctimas y proteger sus derechos en el juicio. Asimismo, el jefe de los fiscales provinciales (y de los defensores oficiales) resolvió así un planteo en el que se solicitaba la separación del fiscal del Tribunal Oral, doctor Carlos Lértora. Dispuso que este continúe interviniendo en el proceso como fiscal de juicio, "en conjunto y coordinadamente" con Semhan.
La decisión del jefe del Ministerio Público estriba en la "complejidad, voluminosidad y trascendencia social" de la causa, y "el tiempo transcurrido desde que ocurrió el fatídico hecho que se cobró la vida de ocho personas", dice la Resolución 1/22, firmada por Sotelo. Lo dispuesto tiene otra fundamentación lógica: Lértora conoce el expediente en su totalidad, mientras que Semhan aún debe estudiar los pormenores del expediente que es extenso y añoso.
De esta forma, horas antes del inicio del debate, hubo un cambio de estrategia de la parte acusatoria. Continuará en el proceso un funcionario resistido por la querella, sospechado de ser parcial, pero se sumará una autoridad que, se supone, tiene los conocimientos suficientes para trabajar en el proceso de enjuiciamiento.
El TOP1 está integrado por los jueces Raúl Guerín, Ana Figueredo y Cynthia Godoy Prats, quienes ya han avanzado en parte del proceso. Ahora la causa tiene fiscales y sólo queda que sigan las audiencias.
Tras el nombramiento de los fiscales, María Rosa Urbina, madre de uno de los obreros fallecidos, resaltó en el comienzo del juicio y el nombramiento del fiscal.
En su Facebook publicó: "Gracias a Dios se llegó a lo que tanto tiempo costó. Sólo resta esperar y seguir confiando en Dios que este proceso sea lo más justo posible, que realmente sirva para marcar un precedente en nuestra justicia Correntina, y así demostrar que en esta vida ‘el dinero no lo puede todo’".
El hecho fue el 22 de marzo de 2012 a las 13, en un edificio de ocho pisos situado en San Martín 628 de la Capital, cuando se derrumbó el último nivel en momentos en que los obreros intentaban instalar un tanque y cargar la mezcla de cemento en el encofrado.
Es por ello que los imputados podrían recibir la pena máxima de 15 años, según los artículos 186 y 187 del Código Penal Argentino. Llegan a juicio en libertad luego de que, en mayo de 2018, el Juzgado de Instrucción 5 de Capital, a cargo de la magistrada Laura Varela, había elevado la causa a debate.
En el requerimiento de elevación a juicio se tuvo por probado que entre las 12.30 y 12.50 de ese día, 11 obreros trabajaban en altura en una obra con el hormigonado de una escalera ubicada debajo del tanque de agua. Y al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él, provocando la muerte de 8 personas que cayeron al vacío.
El fiscal que investigó consideró que el hecho se produjo por graves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos.
Los imputados en la causa están acusados de haber desobedecido normas y restricciones que causaron la muerte de ocho obreros de la construcción.
Eran responsables de la obra emplazada en el centro de la ciudad y la Municipalidad de Corrientes les había habilitado un proyecto correspondiente a la construcción de un edificio con planta baja y cinco pisos. Pero la obra tenía dos pisos más de lo autorizado cuando se cayó.
Debido al incumplimiento del permiso, el lunes 19 de marzo de 2012 se ordenó la paralización del proyecto. Pero los empresarios igualmente siguieron adelante. Días después, la obra se paralizó.
La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina nunca intervino en la causa ni se refirió a la situación de los trabajadores del sector.
El fiscal Gustavo Roubineau fue quien llevó adelante la investigación primigenia en la etapa de instrucción. Pidió documentos municipales, tomó declaraciones de trabajadores y concluyó en que "la construcción era ilegal porque estaba autorizada para cinco pisos y ya iban por el octavo", y añadió: "Es una obra que debería haber estado paralizada", lo que también salpicó a las autoridades municipales de ese momento, quienes fueron sobreseídas durante el proceso judicial que tuvo todo tipo de suspicacias para favorecer a los responsables en detrimento de las víctimas que dejaron familias sin sustento. Durante los casi diez años desde la tragedia hubo muchas maniobras para dilatar el juicio y desgastar a los familiares de los fallecidos, que no entienden las actitudes de los responsables de impartir justicia. La causa llegó a tener una veintena de imputados -entre ellos funcionarios de alto rango-, pero con los años la gran mayoría de ellos fueron desprocesados y sobreseídos