La deriva del expediente: recorrida por hitos, idas y vueltas de la Causa Derrumbe

Contemplar la deriva del expediente PEX 78072/12 implica un ejercicio de memoria, así como un esfuerzo por entender los vericuetos legales que han hecho que la causa por la muerte de los 8 obreros haya tardado una década en llegar a juicio y que de más de 20 imputados iniciales solo estén siendo juzgados 3.

El 22/3/2012 fue el día de la tragedia, luego de las actuaciones sumariales de la Policía tomó intervención el fiscal Gustavo Roubineau y el Juzgado Nº 6, cuya titular es la doctora Graciela Ferreyra. Ese mismo día fueron detenidos los empresarios Marcelo Mayer, su hermano William, el ingeniero Elías Cohen y Walter Bruquetas. El 6/4/2012 todos fueron liberados por orden de la jueza sustituta, Josefina González Cabañas. Esa medida encendió la cólera de los familiares, que por entonces tenían gran poder de movilización; el 24/8/2012 realizaron un escrache en la casa de la jueza González Cabañas con pintadas, pegatina y hasta bombas de estruendo. Con colaboración externa, esa vez realizaron una caravana por distintos puntos de la ciudad y recorrieron además las casas de los empresarios acusados. El acto fue repudiado por sectores profesionales como el Colegio de Abogados y hasta se inició una investigación que tuvo imputaciones a dos abogadas cercanas a la familia y querellantes en la causa. Un mes antes se habían manifestado afuera del Ex Regimiento en la apertura de la Feria del Libro.

Un año después de la tragedia, el 22/5/2013, la Justicia procesó al entonces intendente de la ciudad de Corrientes, Carlos Espínola, y a dos funcionarios de su gestión. El dictamen lo firmó la jueza Ferreyra a través de la Resolución 805. En la misma también procesó a Walter Abelardo Bruquetas, William Carlos Mayer, Marcelo Javier Mayer, Elías Cohen, Carlos Valenzuela, Martín Ignacio Arengo y Jorge Marcelo Romero. Además de Espínola fueron procesados al secretario de Obras, Martín Barrionuevo; y el director general de Obras y Control Urbano, Daniel Bedrán, este último fue detenido ese mismo día.

El 24/5/2013 se produjo la liberación de Bedrán, el director general de Obras y Control Urbano, el único de los 3 funcionarios procesados por Ferreyra pasible de quedar detenido, ya que los otros quedaban sujetos a destitución previa. Permaneció 2 días alojado en la Comisaría 4ª hasta lograr la excarcelación mediante una caución de $50.000. Al ser liberado fue recibido en la calle por funcionarios municipales y referentes del Partido Justicialista.

Ese mismo año, el 2/9/2013 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal mediante Resolución 860/13 confirmó el procesamiento a Marcelo Mayer, Elías Cohen, Walter Bruquetas, y revocó el procesamiento de Espínola, Barrionuevo y Bedrán, Romero, Arengo y William Mayer. La fiscalía casó el fallo al igual que la querella, entonces liderada por Ernesto "Tito" González. No obstante, el 9/5/2014 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó la Resolución de Apelaciones instando al Juzgado de Instrucción a cerrar la etapa y elevar la causa a juicio. En ese pronunciamiento también rechazó el planteo de casación de la fiscalía alegando que no se trataba de una sentencia definitiva, por lo que la situación de los desprocesados podría cambiar de producirse nuevas pruebas o circunstancias, lo que no prosperó. Cinco meses después, el 14/10/2014 es desprocesado el escribano William Mayer, quien era el fiduciario de la obra, figura que no implica un "deber de cuidado". La medida fue ratificada en tres instancias (Instrucción, Apelaciones y Casación) ya que si bien testigos como el sobreviviente Nelson Valenzuela, declararon que él dio la orden de que se cargue el hormigón, "en el ámbito penal ha de prevalecer siempre el principio de culpabilidad y la esencia de la culpabilidad no reside en el carácter o condición del autor, sino en la posibilidad de haber actuado de otra manera en el caso concreto (culpabilidad por el hecho)"; por lo que la responsabilidad podría caberle en el ámbito laboral o civil. La medida fue ratificada en febrero de 2016 por la Corte Suprema.

El 1/7/2015 ocurre el asesinato de Tito González, abogado querellante, quien recibió disparos por la espalda de un cliente cuando desayunaba en el café de calles Mendoza y 9 de Julio. Junto a él se encontraba su socio, Rubén Leiva. La dupla había llevado adelante la querella por el caso Obreros en representación de la familia de Diego Rodríguez y otras 4 familias, las que luego desistieron a excepción de una. Leiva sostuvo el legado de su compañero y hoy es uno de los dos querellantes en el juicio. Luego de un pronunciado silencio el caso reflotó el 5/12/2016 cuando el Juzgado Correccional Nº 1 a través de la Resolución 79/16 rechazó aplicar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa invocando el derecho de la víctima a un juicio justo. Si bien la causa estaba en manos de Juzgado de Instrucción, es la Justicia correccional la que tiene la facultad de dirimir estos planteos, según acordada del STJ. En ese fallo también se ordenó el reenvío de la causa al Juzgado de Instrucción natural que por razones de fecha terminó siendo el Nº 5 y no el Nº 6, donde se había desarrollado hasta el momento.

Al año siguiente, el 20/4/2017 la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de apelación de la defensa por el rechazo a la elevación a juicio vía Resolución 485/17, y menos de dos meses después, el 7/6/2017, el mismo cuerpo denegó el recurso de casación de la defensa por la anterior denegatoria mediante Resolución 748/17. Antes de finalizar el año, el 14/11/2017: el STJ confirmó la elevación del expediente a juicio.

El 28/3/2018: la Cámara de Apelaciones rechazó los últimos planteos de la defensa confirmando los procesamientos para los 4 imputados: Mayer, Cohen, Bruquetas y Valenzuela.

El 11/5/2018: el Juzgado de Instrucción Nº 5 elevó la causa a juicio. Un año después, 23/5/2019: es designado el Tribunal Oral Penal 1 para llevar adelante el juicio, se fijó fecha para el 26 de junio. La misma se fue posponiendo varias veces debido a distintos motivos, entre ellos la situación sanitaria durante el 2020. A poco de iniciar el juicio, el TOP 1 declaró el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Cohen debido a su estado de salud (padece Parkinson), que lo volvía inimputable. El 19/10/2021 se fijó fecha para audiencia de probation ante el TOP 1 que terminó siendo rechazada, pese a haber sido acompañado por el fiscal Lértora (Ver más en nota relacionada).

El 9/2/2022 el STJ rechazó la queja defensiva por el rechazo de la suspensión del juicio a prueba.

Finalmente, el 11/2/2022 se realizó la primera audiencia ante el Tribunal Oral Penal 1, lectura de la pieza acusatoria. 

Fiscal echado: "Fue propaganda"

Ya fuera de la causa, el fiscal ante el Tribunal Oral Penal Nº 1, doctor Carlos Lértora, dio declaraciones en las que opinó respecto a las motivaciones de su desplazamiento en el juicio por la muerte de los 8 obreros.

"En diciembre pasado yo opiné que el caso podría corresponder a la suspensión de juicio dada la calificación legal", contó el funcionario. Y agregó: "Uno de los querellantes puso en duda mi imparcialidad, por lo que en ese momento solicité al Tribunal mi apartamiento. Me aparto para que no tenga esa sospecha", explicó. Según Lértora, nunca pidió la absolución de los tres imputados enjuiciados, sino que "es una cuestión de propaganda y también política".

Entrevistado por un programa radial, aseguró que no recibió órdenes directas de la fiscalía general sobre cómo proceder en este caso y que de haberlas recepcionado las hubiera cumplido, aunque dejando plasmada su opinión. También aseguró que le queda "poco tiempo" en el caso y que pese al "daño moral" seguirá cumpliendo su rol como antes. s