La catástrofe social

Aunque con una disminución notable, de casi cuatro puntos respecto de la medición an­terior, la pobreza en la Argentina todavía se encuentra en niveles de situación de catás­trofe social. De acuerdo al informe que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo semestre de 2021 la tasa dio 37,7%, lo que re­presenta aproximadamente unos 17 millones de perso­nas bajo la línea de pobreza en el país. Es el séptimo se­mestre consecutivo que el indicador se ubica por arriba del 30%, es decir casi cuatro años con un tercio de la población sumida en necesidades extremas. No hay nada para celebrar. El Gobierno Nacional evitó hablar de este dato terrible de la realidad (que ayudó a construir) y eso ya es un buen gesto. El silencio generalmente es saludable. Especialmente frente a los desatinos cotidianos del pre­sidente Alberto Fernández que al menos en este asunto desvió la opinión.

El 37,.7% de pobreza en el final del 2021 significa una marca su­perior (1,8 puntos porcentuales) respecto del nivel prepandemia. Esto determina que el rebote de la economía, que creció por arriba del 10%, no alcanzó para recuperar lo perdido. El país se acercó al subsuelo del que había caído, pero aún no lo pudo dejar atrás. 

Al analizar los indicadores socioeconómicos que pu­blica el Indec y que se nutren además de encuestas pri­vadas, los expertos coinciden en señalar que una de las causas de la persistencia de la pobreza en la Argentina, junto con la inflación que afecta severamente a los sec­tores con ingresos fijos, es la precariedad del mercado laboral. La falta de trabajo permanente (desempleo) y la subocupación, además de la informalidad, define el escenario social. El drama se ha agudizado en los últi­mos años.

Un claro indicador de ese fenómeno es que actual­mente apenas poco más de 1 de cada 3 trabajadores ocupados lo hacen en condición de asalariados en el ámbito privado registrados por el Sipa (del Ministerio de Trabajo), suman 6 millones, a los que se agregan casi medio millón que se desempeñan bajo el régimen de Casas Particulares. Del resto de los 20,2 millones pro­yectados al total país a partir de la Encuesta Permanen­te de Hogares del Indec, 3,4 millones lo hacen en la ad­ministración pública nacional, provincial y municipal -como ingreso principal del mes-; 2,1 millones como monotributistas puros (no tienen otro ingreso habitual como asalariado o jubilado); y 7,8 millones se desempe­ñan en negro (4,9 millones como asalariados y 2,9 mi­llones como independientes).

A su vez, de las estadísticas de Generación del Ingreso que tam­bién elabora el Indec se desprende que los mayores ingresos prome­dio de la población trabajadora se obtienen en los puestos asalaria­dos, privados y en el Estado. De ahí la resistencia a la baja de la pobreza y de la enorme brecha negativa que persiste entre el promedio de los recursos monetarios de los hogares y los valores de la canasta básica total e incluso alimentaria. Según la medición oficial, a fines de 2021 mientras el valor de la Canasta Básica Total del prome­dio del Hogar era de $74.059, el ingreso medio del grupo habitacional integrado por poco más de 4 personas era de apenas $46.712, esto exhibía una brecha de 36,9%, o dicho de otra manera necesitaba un aumento de re­cursos de 58,5% para no caer en el estado de pobreza.

El mismo ejercicio, con el valor de la Canasta Básica Alimentaria que se estimó en $31.834, define el umbral de indigencia de una familia, mostraba una brecha ne­gativa de 35,2%, es decir se requeriría un aumento de poco más de 54% para que a ningún argentino le falte lo mínimo indispensable para comer y desarrollarse.

Estas cifras, que sirven de radiografía de la economía de las familias, explican por qué la pobreza no baja en la Argentina.