La Justicia suspendida en el aire

La Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción, el jueves último, a un proyecto de ley que reforma la composición del Consejo de la Magistratura presentado por el oficialismo -el Frente de Todos- y que se impuso por apenas tres votos, con el rechazo pleno de la oposición encarnada por los partidos integrantes de Juntos por el Cambio. El expe­diente fue girado ahora a Diputados donde la relación de fuerzas es más pareja y hacer presagiar que la iniciativa habrá de naufragar. Casi con seguridad no se cumplirá el plazo impuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre del año pasado emitió un fallo que imponía al Poder Legislativo la obligación de dictar una nueva ley dentro de los 120 días. El tiem­po límite es el 15 de abril, después de ese día el Consejo de la Magis­tratura, un órgano clave dentro del sistema judicial argentino, queda­rá paralizado. Mala señal para un país que atraviesa múltiples crisis y necesita a sus instituciones en pie y con integridad.
A partir de hoy quedan apenas cinco días para cumplir con el ob­jetivo trazado, en medio de una se­mana recortada laboralmente por la inactividad que impone la Semana Santa. El Viernes Santo, supuestamente, la Cámara de Diputados debería reunirse para tratar el proyecto. Para que pueda avanzar sin vulnerar el procedimiento parlamentario necesita de un dictamen de Comisión. No lo tiene y no está claro que lo vaya a conseguir en lo inmediato.
Así, corriendo contra reloj el gobierno del Frente de Todos pretende avanzar en la aprobación de una ley que es esencial para darle sustento a una institución central no solo para la administración de Justicia, sino para ga­rantizar la calidad del modelo republicano. En ese sen­tido corresponde advertir que el proyecto en carpeta adolece de la solidez indispensable y ofrece flancos muy amplios para la crítica, técnica y política. 
Con la cuenta regresiva en marcha para la ejecución del fallo de la Corte y sin las voluntades necesarias en la Cámara baja del Congreso de la Nación, en el oficialismo admiten con resignación que las posibilidades de tener ley antes del viernes 15 de abril son bajas. Así lo recono­ció el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez, quien advirtió que quedan muy pocos días y las perspectivas no son buenas. 
Cuando se cumpla el plazo, el viernes, el Consejo de la Magistratura quedará suspendido en el aire. Sus ac­tos serán nulos, insalvables. Nada de todo lo que haga, incluso en el aspecto administrativo, tendrá validez. Es que la Corte Suprema en su fallo declaró inconstitu­cional y derogó la Ley 26080, en vigencia desde hace 16 años. Esa ley fue confeccionada y votada durante la hegemonía del kirch­nerismo. A partir del viernes será historia, por eso el Congreso de la Nación tiene que dictar una nueva ley que se ajuste a la Constitución Nacional.
El kirchnerista Martínez se que­jó del poco tiempo disponible y dijo que la Corte se extralimitó al fijar fecha, no alcanza para el tra­tamiento responsable de un tema de este calibre, argumentó. En rea­lidad el Congreso dispuso de 120 días para cumplir con el objetivo, pero en lugar de trabajar desde el primer momento esperó hasta los últimos 15 días para tratar el asunto. Sucede que el Poder Legislativo -con la corres­ponsabilidad del Poder Ejecutivo- no suspendió sus lar­gas vacaciones estivales. En lugar de descansar tendría que haber trabajado.
Pero, además, la verdad es que a diferencia del Sena­do, donde el Frente de Todos consiguió una ajustada mayoría especial, sin que le sobre un voto, en la Cámara de Diputados al oficialismo no le da la correlación de fuerzas. Es casi un hecho que no tendrá las voluntades necesarias porque el proyecto es defectuoso.
Conclusión: la Justicia tendrá a su motor administra­tivo paralizado.