Consejo de la Magistratura en un limbo tras cumplirse el plazo que fijó la Corte

A partir de las 0 de hoy, sábado, el Consejo de la Magistratura entrará en un terreno pantanoso e incierto en la legalidad y legitimidad de las decisiones que se to­men en ese ámbito.

En diciembre, la Corte Suprema dictó el fallo que declaró la inconstitucionali­dad de la actual integración del organismo que adminis­tra el Poder Judicial y que tiene la potestad de desig­nar, sancionar y remover a los jueces de la Nación. En la sentencia se fijó un plazo de 120 días para que haya una nueva ley para reformular el Consejo de la Magistratura, de lo contrario se restituye el esquema previo a 2006, con la composición de 20 miembros y la presidencia a cargo del juez supremo Ho­racio Rosatti.

Ayer era la fecha límite para definir el nuevo equili­brio en el Consejo. Pese a los últimos intentos de esta se­mana y las frustradas nego­ciaciones entre oficialismo y oposición, los tiempos no dieron para cumplir con las instrucciones del máximo tribunal para conformar el nuevo equilibrio de la insti­tución.

Las dos vías están, por el momento, bloqueadas. Por el mecanismo legislativo, la reforma del Consejo pro­puesta por el Poder Ejecu­tivo consiguió una media sanción en el Senado, pero no pudo avanzar en la Cá­mara de Diputados, a raíz de la paridad de fuerzas políti­cas y la ausencia de acuerdo entre los bloques. Cancelada esa alternativa, tampoco se logró designar el total de los 20 integrantes que garanti­cen el funcionamiento de la institución. Faltaron algu­nas bancas que completar, por una cuestión de plazos y acciones judiciales.

De esta manera, a partir de hoy el esquema hasta ayer vigente de 13 miem­bros carecerá de legitimidad legal. La Corte definió que, vencido ese plazo, todas las acciones que se hagan en Consejo serán nulas.

CÓMO FUNCIONARÁ

Esta semana el cuerpo aprobó un cambio del regla­mento por siete votos con­tra cinco para que autorice al presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, a tomar decisiones adminis­trativas y presupuestarias. Lugones, con el apoyo del oficialismo y aliados, argu­mentó que esa medida era una salida para que "el Poder Judicial no se pare".

En el Consejo esa mayoría interpretó que la declara­ción de nulidad de la Corte que correría desde hoy, 16 de abril, está vinculada a las decisiones como la aproba­ción de concursos o juicios políticos a jueces, pero que contaban con el aval para las cuestiones de funciona­miento administrativo.

Sin embargo, la modifi­cación en el reglamento fue interpretada por la oposi­ción como una violación a la manda de la Corte Suprema. El máximo tribunal inter­vino en la nueva contro­versia de manera sutil: dio señales a los integrantes del Consejo sobre su dis­conformidad para que no avancen en esa dirección. El juez Ricardo Recondo y el abogado Diego Marías, dos de los consejeros de parte de la minoría, ex­plicitaron ese problema y confiaron en que la Corte Suprema "actuará" y "va a resolver" con alguna dispo­sición la próxima semana.

El ojo está puesto en cómo el máximo tribunal inter­vendrá para resolver los impedimentos para que el Consejo opere con plena le­gitimidad.

El escenario ideal para el oficialismo, según planteó Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, sería una re­solución que extienda el plazo de la sentencia firma­da en diciembre pasado y que la Cámara baja consiga la mayoría necesaria para avanzar con sanción defi­nitiva de la reforma. En el oficialismo defienden esa propuesta porque deja afue­ra a la Corte Suprema de la integración del organismo. Arguyen que, de esa manera, se mantiene el equilibrio en la división de poderes.

Pero la otra alternativa plausible y, que emana del fallo, es que se ratifique la restitución del esquema an­terior del Consejo. La banca­da de Juntos por el Cambio está más en sintonía con esta vía que con la defini­ción de la controversia a tra­vés del Poder Legislativo. De los siete consejeros que se deben sumar a los 13 actua­les, por el momento, falta­ban dos a ser designados. s