El Consejo de la Magistratura podría quedar paralizado

El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso san­cionara una ley para mo­dificar la composición del Consejo de la Magistratura venció el viernes pasado a la medianoche y ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir de mañana lunes.

El fallo del máximo tri­bunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y la mira está puesta precisamente en lo que hará el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Según esa decisión de mediados del último mes del año, durante estos cua­tro meses el Congreso debía aprobar una nueva confor­mación o el propio Consejo debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.

La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Con­sejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara de Diputados.

Para volver a los 20 con­sejeros, los abogados, aca­démicos y jueces ya eligie­ron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe de­signar el Congreso, uno por cada Cámara.

Así las cosas, con una in­tegración a medias, la mira está puesta en lo que hará la Corte a partir de mañana lunes, ya que podría avan­zar con la vuelta de los 20 miembros, mientras el Go­bierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr una ley.

La norma que propuso el oficialismo excluye al presidente de la Corte de encabezar el Consejo de la Magistratura y allí reside el principal punto del corto­circuito.

Mañana, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá adoptar una línea de acción y, antes que nada, re­solver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso.

Si no hay avances, la con­secuencia directa es la pa­ralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sancio­na jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que si pasa­do el 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considera­dos inválidos.