¿Dentro o fuera de la ley?

En medio de la tensión entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Cristina Fernán­dez de Kirchner, que tiene como presidente a Alberto Fernández, la oposición legislativa sa­lió a plantear con severidad el estropicio institucional que está a punto de provocar el oficialismo, es decir el Frente de Todos, al clausurar el desembarco de los representantes parlamentarios en el Consejo de la Magistratura, un organismo clave en el funcionamien­to del Poder Judicial argentino. Ayer los referentes de Juntos por el Cambio conminaron tanto a Cristina Kir­chner como a Sergio Massa, presidentes del Senado y de Diputados respectivamente, para que apuren el nombramiento de los represen­tantes del Congreso en la nueva composición del Consejo, con­forme la ley que volvió a entrar en vigencia y que le otorga más pluralidad a ese cuerpo. Algunos amenazaron con accionar judi­cialmente contra la vicepresiden­ta, quien claramente ha entrado en el sendero de la obstrucción sistemática.

Conforme se profundiza la grieta interna en la coalición go­bernante, se enmarañan todos los procedimientos oficiales y se diluye la calidad institucional. Lo que sucede ahora con la Justicia es una clara muestra del deterioro que enfrentan los poderes del Estado. En este caso puntual es atribuible únicamente al oficialismo, dicho de otro modo, al Gobierno que tiene varias caras y ningún rumbo. 

Nada bueno puede salir de este complejo cuadro. Sucede que mientras se acentúa la crisis interna en el FdT, se recorta el espacio de movimiento de la vicepre­sidenta y la única acción que le queda es obstaculizar los senderos hacia la institucionalidad. Su desvelo es limpiar los expedientes judiciales en los que figura como imputada principal. 

Sin poder no se puede modelar la Justicia a gusto, sin magistrados amoldados a los intereses personales o sectoriales no se podrá recetear las causas que po­nen en duda el futuro de muchos dirigentes. Por esta razón, el control del Consejo de la Magistratura es una batalla determinante.

La oposición, encarnada en Juntos por el Cambio, pese a los roces internos que tiene por el protagonis­mo político en medio de la carrera por las candidatu­ras para el año que viene, ha desplegado una estrategia conjunta que consiste en acorralar a las autoridades de ambas cámaras del Congreso. Así fue como mandó un fuerte mensaje, tanto a Sergio Massa como a Cristina Kirchner, para que nombren a los representantes del Congreso en la nueva composición del Consejo de la Magistratura que dispuso la Corte Suprema, luego de que se venciera el plazo de 120 días para que el Par­lamento apruebe una nueva ley.

En una conferencia de prensa encabezada por los presidentes de los bloques que integran el espa­cio opositor y los dos candidatos al Consejo -Luis Juez (PRO) por el Senado y Roxana Reyes (UCR) por Diputados-, JxC resaltó que el fallo de la Corte "no es opinable, sino acatable" y le exigió a Massa y a CFK que "retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte". Horas antes la líder de la Coalición Cívica, Eli­sa Carrió, envió una carta a los mismos destinatarios -Kirchner y Massa- en la que pide que se nombre a los legisladores propuestos por el PRO y la UCR para com­pletar la integración del órgano que desde el lunes ha vuelto a encabezar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rossatti.

Es casi una certeza que la vicepresidenta Cristina Kirchner eludirá el nombramiento de los representan­tes parlamentarios. Resistirá la obligación, aun a cos­ta de incurrir en el desacato, pero la expectativa está puesta en la conducta de Sergio Massa. ¿Qué hará el renovador? Cumplirá la ley, y el fallo que dictó la Corte Suprema, o se alineará definitivamente con Cristina Kirchner.