A contramano de la Constitución

En medio de chicanas de los representantes de la oposición por la polémica división del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, lo que le permitiría al kirchneris­mo conseguir un sillón más en el estratégico Consejo de la Magistratura de la Nación, el oficialismo obtuvo dictamen favorable para tratar la iniciativa que pro­pone pagar la deuda con el Fondo Monetario Inter­nacional (FMI) con dólares de argentinos que salieron al exterior y que no fueron declarados. Se trata de un proyecto impulsado justamente por el ala dura del kirchnerismo y que podría llegar al recinto la próxima semana. Aunque probablemente la iniciativa consiga la aprobación de la Cámara alta del Congreso difícilmente pueda superar con éxito el cedazo de Diputados y aunque así fuese, en caso de convertirse en ley su aplicación tiene destino de judi­cialización porque en el trámite legislativo violentó un requisito expresamente establecido por la Constitución Nacional.

La Carta Magna define taxati­vamente cuál es el procedimiento de toda iniciativa legislativa que crea un impuesto o afecta las fi­nanzas del Estado: debe iniciarse en la Cámara de Diputados. Lo hicieron al revés. Es decir que el Frente de Todos -el Gobierno- avanzó y sigue avanzando aun con la certeza de que el trámite es nulo. No obstante continúan adelante.

El intento del gobierno que dirige Cristina Fernán­dez de Kirchner y que tiene como presidente a Alber­to Fernández no hace más que torpedear el escenario político con una propuesta inaplicable. Enmaraña el ámbito legislativo al tiempo que obliga a enfocar la mirada en un plan descabellado.

Corresponde decir que las dos Cámaras del Congre­so están virtualmente paralizadas porque las comi­siones permanentes no se han constituido -debido a la interna en el FdT-, pero para tratar proyectos que son de interés propio, como el arriba mencionado, las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda sí están funcionando. Fue en ese espacio que se consiguió el dictamen favorable para hacer lle­gar el expediente al recinto.

El proyecto, idea del hiperkirchnerista Oscar Parri­lli, es un blanqueo camuflado pero se presenta con el formato de un impuesto. La Argentina ya tiene 165 im­puestos entre nacionales, provinciales y municipales. La Casa Rosada quiere poner varios más. Por ejemplo, también tiene en agenda el impuesto a la "renta ines­perada".

La posibilidad de que este nuevo tributo tomara forma no cayó nada bien entre los industriales y, más allá de las estrategias que se tra­zaron tanto dentro de cada firma, también pusieron el foco en el Congreso, donde estará el debate central de esta iniciativa.

Es que al tratarse de un tema impositivo, este proyecto -como cualquier otro que tenga que ver con lo tributario- debe pasar por el Congreso, y hacia allí se diri­gieron los empresarios. El lunes de esta semana se comenzaron a suceder los primeros contactos entre privados y miembros del Congreso, con el claro objetivo de alinear posiciones y evitar que lo que se espera sea un proyecto oficial que no corra con suerte y quede en la nada. "Hace no demasiado tuvimos el nuevo impuesto a la riqueza, que es cierto que iba contra las personas y no contra las empresas, pero ahora le quieren sumar este nuevo tributo. El argumento de la ganancia ines­perada no tiene sentido; está agarrado de cualquier lado", sostuvo un integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA).

A tono con esto, los empresarios salieron en busca del apoyo de los legisladores de la oposición, algo que encontraron incluso antes de recorrer ese camino. Está claro que el destino del nuevo impuesto es poco auspicioso, lo mismo que el proyecto que el kirchne­rismo empuja desde el Senado.