La Justicia recomendó que joven violador continúe sus estudios en la Unne

La Justicia de Corrientes recomendó a un joven con­denado por violación estu­diar en la Universidad Na­cional del Nordeste (Unne) en medio del rechazo y re­clamos de un sector de la comunidad, que días atrás visibilizó el malestar me­diante una manifestación pública. El caso se suma al ocurrido dos meses atrás en otra unidad académica y que se resolvió con la exclu­sión del sujeto de las clases presenciales. Tal como ya lo había dado a conocer este matutino en su edición del jueves, el conflicto se ha suscitado en la Facultad de Ciencias Veterinarias luego de que el Tribunal de Juicio Goya sentenciara a uno de sus inscriptos -J.C.,hoy de 20 años- a la pena de 3 años de prisión en suspenso al hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 14. El condenado al momento de cometer el hecho, en 2017, tenía 17. En el fallo -dado a conocer de manera parcial por el Poder Judicial- se puede leer en el tercer ítem de las reglas de conductas impuestas: "Re­comendar la continuación de sus estudios universita­rios". Pese a los reclamos de una parte del alumnado, en particular de mujeres que se sienten intimidadas e in­seguras al compartir espa­cio con tal clase de persona, hasta el momento no ha habido un pronunciamien­to oficial, y para sumarle un condimento adicional a la cuestión, dicho claus­tro por primera vez en una centuria ha elegido esta se­mana a una decana, termi­nando así con el monopolio masculino en el cenit de su jerarquía (ver más en nota relacionada). 

Los datos recabados de distintas fuentes refieren a que, con el inicio del año educativo y la reanudación de la presencialidad abso­luta en la Unne, surgió en el ámbito de la Facultad de Veterinarias un enojo sec­torial al saberse que uno de los cursantes tenía una causa penal por violación. La semana pasada el clima se turbó aún más ya que el Tribunal de Juicio de Goya dio a conocer el veredic­to: culpable. Sin embargo, dado que el victimario y víctima eran menores de 18 años al momento del hecho, la pena impuesta fue "ade­cuada a la normativa que los rige, de modo de cum­plir con los estándares mí­nimos establecidos en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitu­ción Nacional", informaron fuentes judiciales. 

Así, la brecha que separa la lógica judicial del senti­do común volvió a quedar expuesta, máxime cuando desde la querella (en repre­sentación de la víctima) se dieron a conocer detalles del trauma. "Este hecho casi le costó la vida debido a que el abuso que sufrió le produjo una profusa hemo­rragia que por poco le causa un shock hipovolémico, es decir morirse desangra­da. Afortunadamente en el centro de salud la lograron estabilizar, pero luego de más de 3 horas de cirugía", puntualizó el doctor Juan Arregín, quien representó a la damnificada y había pe­dido una condena a prisión efectiva por un monto de 10 años, lo que fue rechazado. 

Las fuentes judiciales explicaron que el Tribunal que juzgó a J.C. no impuso la pena sino sólo declaró la responsabilidad penal del mismo, reenviando el caso al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Goya para su adecuación. "La justicia para personas de menor edad tiene como objetivo garantizar que la sanción tenga una relación justa y humanitaria entre la gravedad del delito que cometió, las circunstancias en que lo hizo, y las condi­ciones personales del jo­ven", explicaron. Además de la pena en suspenso, lo que implica que no irá a la cárcel, se le impuso al sen­tenciado una serie de reglas de conducta que incluyen: restricción de acercamien­to a la víctima, tratamiento psicológico, continuar con sus estudios universitarios, realizar trabajos no remu­nerados en un lugar de bien o institución pública, pro­hibición de acceder y per­manecer luego de la hora 0 en lugares de recreación y esparcimientos masivos públicos o privados por el plazo de la condena. El in­cumplimiento de cualquie­ra de ellos podría implicar la revisión del beneficio. 

En marzo la Unne debió afrontar un problema simi­lar en la Facultad de Arqui­tectura, Diseño y Ciencias de la Cultura, cuando alum­nas descubrieron que entre sus compañeros había un preso -condenado a perpe­tua por matar a su mujer-. Fue tal el furor generado, que incluyó la amenaza de una toma de las institucio­nes, que la unidad académi­ca -que tiene como decano al hermano de la rectora- decidió que el alumno con­tinúe su cursado de manera virtual, pese a no estar esti­pulada esa modalidad este año