Desde el Congreso se busca marcar el pulso económico

La interna entre los dife­rentes sectores del oficialis­mo sigue su curso. El rumbo económico es el principal eje de la discusión y así quedó planteado cuando el secre­tario general de La Cámpora, Andrés Larroque, pidió la re­nuncia de los ministros Mar­tín Guzmán, de Economía; Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Claudio Moro­ni, de Trabajo.

En ese escenario, ahora el kirchnerismo decidió po­nerse en acción para mar­car el sendero económico por el que -entiende- debe transitar el Gobierno na­cional. Para ello comenzó a avanzar en el Congreso con proyectos inconsultos con la Casa Rosada. Si no se puede convencer al presidente Al­berto Fernández de cambiar el rumbo, que lo hagan los proyectos de ley.

Primero, hizo lo propio el hijo de la vicepresidenta de la Nación, Máximo Kirchner, quien presento en Diputados un proyecto, el cual es avala­do por diputados de extrac­ción gremial, camporistas y de movimientos sociales, para que se adelanten los aumentos pautados por el Consejo del Salario. Se busca que el incremento del 45% pautado en marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023.

"Esta decisión permiti­rá que el 1 de julio de 2022 el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance la suma de $47.850,00 (cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos) y supere efectiva­mente el índice inflacionario vigente y proyectado", se re­salta en el texto presentado.

En otro momento del pro­yecto presentado se mencio­na la crisis económica que afronta la Argentina, aunque no nombra explícitamente a algún responsable: "Ya en el primer trimestre del año la inflación acumulada refleja un 16,1%. Si proyectamos que el ritmo del incremen­to de precios se mantiene a esta velocidad, para el mes de diciembre habría totali­zado un porcentaje mayor al 60%, ampliamente superior al incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil pau­tado que alcanzaría el 45% recién en el mes de diciem­bre".

En el Senado se anunció el proyecto de un plan de pagos de deuda de aportes previsionales que hicieron las autoridades de los blo­ques del Frente Nacional y Popular, José Mayans, y de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, además de los se­nadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.

Luego de la presentación de la iniciativa, ante la pre­gunta sobre si era un proyec­to consultado con el minis­tro Martín Guzmán, la men­docina Anabel Fernández Sagasti dijo que tenía que ver más "con una preocupa­ción urgente que son estas 500.00 personas que no se van a poder jubilar" y que la inclusión previsional era un "compromiso del Gobierno y es parte de la agenda y del bloque del Frente de Todos". No sólo admitió que no lo hablaron con el ministro de Economía, sino que hizo re­ferencia a las promesas de campaña, lo mismo que le cuestiona Larroque al Ejecu­tivo: no cumplir el contrato con el votante. "Claramente los números que tenemos los hemos consultado con la Anses, pero es una iniciativa del interbloque", resumió la legisladora cercana a Cristi­na Kirchner.

"Nosotros lo hicimos para el Congreso, con los núme­ros de la Anses. No lo lleva­mos a Economía ni a Guz­mán porque lo van a frenar y en junio se acaba el régimen actual y un montón de gente no se va a poder jubilar. En todo caso, se discutirá acá. Nosotros somos senadores", explicó. s

HAY SECTORES QUE PIDEN LA RENUNCIA DE VARIOS MINISTROS. 

Forzar cambios 

En los pasillos del Congreso de la Nación entienden que con este proyecto que presentó el senador del Fren­te de Todos Oscar Parrilli, que busca detectar fondos no declarados en el extranjero para afrontar la deuda con el FMI, el kirchnerismo empieza a desplegar una nueva estrategia y es la de marcar el pulso de las políticas del Gobierno, frente a la imposibilidad, por lo menos hasta ahora, de forzar cambios en el Gabinete.