La discriminación impensada

El jueves último, en el marco de la sesión es­pecial que realizó la Cámara de Diputados de la Nación y que permitió activar el trámi­te parlamentario para el proyecto de la Bo­leta Única de Papel (BUP), que enfrenta el obstáculo de la cerrazón del oficialismo, el cuerpo avanzó con la sanción de la nueva Ley de HIV, una iniciativa que en su formulación genérica promete perseguir nobles objetivos, pero que sin embargo podría constituir un grave retroceso, reinstalando la discriminación y la consecuente pérdida -de hecho- de algunas conquis­tas que se lograron luego de mucho sacrificio. El ex­pediente, con media sanción de la Cámara baja pasó ahora al Se­nado, donde el oficialismo -con sus dos bloques- tiene mayoría y podría imponer la aprobación. La redacción del proyecto para reformar la ley vigente no mejora los alcances ya garantizados, por el contrario podría convertirse en un boomerang que derribe lo sa­namente instituido.

Sucede que entremezclado en una serie de enunciados sobre acceso gratuito a la atención mé­dica, controles, estudios y me­dicamentos para los enfermos de sida, se ha colado una definición -pretensión de nuevo derecho- que en principio suena prometedora, pero que en la aplica­ción puede cambiar de dirección y transformarse en un verdadero problema que complique seriamente el desenvolvimiento y proyección laboral de los porta­dores de VIH. Y, al poner en peligro su aspiración la­boral se pone en jaque su vida misma.

Dice el proyecto en el artículo 9, en el capítulo de Derechos y Garantías, que se asegura para los infecta­dos de VIH, y de las otras condiciones mencionadas, "el derecho al trabajo", "a la permanencia en el mis­mo" y "sin despidos".

¿Es indispensable incurrir en esta señalización? ¿Acaso no hay suficiente protección legal para los tra­bajadores, justamente en su calidad de trabajadores que cursan una enfermedad sin necesidad de iden­tificar la patología que ha sido motivo de lacerantes discriminaciones? 

"Cuesta comprender que un legislador nacional sea tan irresponsable como para no imaginar las conse­cuencias reales de semejante cuestión", dice el perio­dista y máster en Ciencias Políticas Marcelo Duclos, autor de un artículo que ilumina con responsabilidad el pozo oscuro en el que cayeron casi 250 diputados que votaron favorablemente el proyecto. 

"De la misma manera que la Ley de Alquileres gene­ró los incentivos como para limi­tar aún más el mercado inmobilia­rio, las personas con VIH tendrán nuevas complicaciones desde la implementación de la ley", dice Duclos. Y argumenta que la legis­lación aumentará la discrimina­ción real, no sólo para los infecta­dos, sino para los "sospechados" de ser eventuales positivos. Aho­ra, o en el futuro. Ante la enorme oferta y la limitada demanda labo­ral, el "por las dudas" será moneda corriente para el descarte.

¿Hace falta decir que si se vuel­ve ilegal despedir a alguien con VIH lo único que pue­de pasar es que se evite su contratación? Además al prohibir el test en los estudios preocupacionales, en lugar de evitar la discriminación ocurrirá todo lo con­trario: incrementarla exponencialmente. Las oficinas de Recursos Humanos de las empresas tendrán que tomar odiosas decisiones basadas en el prejuicio. No sería llamativo que aquellos que porten el virus termi­nen ocultando su condición. 

Tampoco sería raro que, en medio de la locura que pueda generar esta legislación, la gente comience a evitar siquiera mencionar al sida. En lugar de avanzar, se estaría retrocediendo en muchos aspectos dos dé­cadas, cuando el VIH era mala palabra, motivo de ver­güenza y sinónimo de estigmatización social.