Virasoro: ministro con la jueza y el fiscal

El gesto termina de dibu­jar la reacción oficial por el escándalo que hace zozo­brar a Virasoro. El titular del Ministerio que ahora tiene a su cargo velar por los dere­chos de niñas, niños y ado­lescentes, se entrevistó con las autoridades judiciales que investigan la muerte de C.F., de 14 años, y que orde­naron semanas atrás la pri­sión preventiva domiciliaria de Sonia Prystrupczuk, la ex directora del Hogar donde el chico perdió la vida, por maltratos e incumplimien­tos de los deberes de funcio­naria. La visita incluyó una recorrida por la institución cuestionada que entre 2013 y 2017 fue escenario de sie­te casos de abusos sexuales en perjuicio de niñas, todos acreditados por la Justicia, con la instancia de juicio y condena superada: dos co­metidos por los cuidadores. La llegada se dio un día des­pués de una protesta frente al Juzgado de Garantías de Virasoro en reclamo de la detención efectiva de Prys­trupczuk, quien -de acuer­do a lo manifestado por el abogado querellante de las causas en su contra- aún no tiene puesta la tobille­ra electrónica que ordenó colocar la magistrada que entiende en el caso, doctora Silvia Benítez, debido a que "no hay disponible ninguna pulsera para monitorearla". 

El doctor Juan José Ló­pez Desimoni, ungido por el gobernador Gustavo Val­dés en la tarea de dar un nuevo enfoque a la política de protección estatal a los menores institucionaliza­dos, dio un pasó definitivo en la escena luego de que el lunes encabezara una reu­nión ministerial. "Esta es la respuesta institucional del Gobierno de Corrientes al caso de posibles abusos de niños en la localidad de Vi­rasoro", dijo el funcionario, según una gacetilla oficial. Su visita incluyó un encuen­tro con la doctora Benítez y el fiscal Julio Cazarré para "informarse sobre el avan­ce de la causa que investiga la muerte de un adolescen­te en el Hogar". Además se "pusieron a disposición de la Justicia todos los datos e in­formes que se puedan apor­tar para el esclarecimiento de la causa". Por otra parte, López Desimoni recorrió el establecimiento y "conoció personalmente a los nuevos directores". Los anterio­res fueron desplazados en abril, dos meses después de la muerte de C.F. y luego de que la hipótesis del suicidio por ellos instalado fue pues­ta en crisis, lo que derivó en la exhumación de los restos y el planteo por parte del querellante, Eduardo Etche­garay, de que fue un homi­cidio. Fue el letrado quien informó que la acusada -de­tenida en su casa desde hace dos semanas- no cuenta aún con tobillera electrónica tal como había ordenado la jueza Benítez. "Primero nos dijeron que no había con­diciones de alojamiento en la comisaría, ahora, que no tienen tobillera para moni­torearla. Nosotros vamos a pedir a la jueza y al fiscal que ordenen la detención en una cárcel común", dijo el aboga­do y edil (mandato cumpli­do) de Santo Tomé. s