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PROCESADO POR COBRAR COIMAS A NARCOTRAFICANTES

La Corte Suprema rechazó un recurso de Carlos Soto Dávila

El ex magistrado acusó a quienes lo investigaron y enviaron a juicio oral. Por fallo unánime, el máximo tribunal rechazó cuestionamientos.

La Corte Suprema de Jus­ticia de la Nación confirmó ayer el rechazo de un recur­so de queja que el ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila presentó contra los funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad que lo investigaron por pre­sunta connivencia con nar­cotraficantes a cambio de resoluciones judiciales que los favorecieran.

Soto Dávila denunció a Sergio Torres, ex juez fe­deral que lo procesó y que actualmente integra la Su­prema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Ai­res; al fiscal federal Carlos Stornelli; a Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad; al abogado Rodrigo González; a Raúl Contreras, ex titular de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina; a Valeria Osorio, oficial de la Gendarmería, y a Hernán González, primer alférez de la Gendarmería.

El ex juez denunció que quienes lo investigaron lo hicieron en un acuerdo ile­gal para perjudicarlo a través de maniobras para que otros imputados en la causa de­clararen como arrepentidos para perjudicarlo en el expe­diente y a cambio recibieron beneficios.

La denuncia fue rechaza­da en todas las instancias judiciales -el juez de pri­mera instancia, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación- hasta que llegó al máximo tribunal. Ayer la Corte Suprema rechazó el reclamo y así la acusación de Soto Dávila quedó de­finitivamente cerrada. "El apelante no ha dado cum­plimiento a los recaudos es­tablecidos" en la normativa vigente, "por lo que corres­ponde desestimar la presen­te queja. Por ello, se desesti­ma la presentación directa", estableció la Corte con el voto unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Ro­senkrantz, Juan Carlos Ma­queda y Ricardo Lorenzetti.

LA CAUSA

Soto Dávila está proce­sado junto con secretarios judiciales de su tribunal, im­putados de haber cobrado coimas a acusados de nar­cotráfico para liberarlos o lograr beneficios en las causas. Un abogado que actuaba como interme­diario declaró como arre­pentido y relató cómo se pagaban los sobornos.

"El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la fi­nalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en ac­tividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte", sos­tiene la acusación contra el ex magistrado.

El caso estuvo a cargo de Torres, quien pidió la deten­ción de Soto Dávila, pero no se pudo concretar porque como magistrado tenía fue­ros de inmunidad de arresto. El caso pasó al Consejo de la Magistratura, el órgano en­cargado de la investigación de la conducta de los jueces, que inició una investigación. Soto Dávila renunció a fines de febrero. Así perdió los fueros y quedó en prisión domiciliaria por problemas de salud.

EXCARCELACIÓN

En abril de 2019, el ex juez logró la libertad a la espera de que se realizara el juicio oral en su contra. La Cáma­ra Federal, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, lo excarce­laron al señalar en su reso­lución que "no se verifica la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta sea la única alter­nativa viable a los fines de garantizar el éxito de esta investigación". 

La referencia es que Soto Dávila ya no es más juez, el elemento que la Cámara había tenido en cuenta en marzo pasado para sostener su detención por el riesgo para la causa que esa cir­cunstancia conllevaba.

Los camaristas también señalaron que se debe fijar una fianza para que Soto Dá­vila quede en libertad. Tam­bién ordenaron que "debe presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausen­tarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la re­tención de su pasaporte y librar orden expresa de pro­hibición de salir del país con comunicación a las autori­dades correspondientes".

En disidencia, el cama­rista Mariano Llorens votó por rechazo al pedido de excarcelación. Sostuvo que no cambiaron las circuns­tancias para que el ex juez quede en libertad.s

EL EX JUEZ FEDERAL DE CORRIENTES RENUNCIÓ EN FEBRERO DE 2019. DOS MESES ANTES, EN DICIEMBRE DE 2018, HABÍA SIDO PROCESADO COMO PRESUNTO JEFE DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA QUE COBRABA DINERO A NARCOS A CAMBIO DE DICTAR RESOLUCIONES JUDICIALES QUE LOS BENEFICIARAN. 

Durante 23 años (desde 1996 hasta su renuncia en 2019), Carlos Soto Dávila estuvo al frente del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes; tenía además bajo su órbita el fuero electoral del ámbito fede­ral en Corrientes.