Fiscal salpicado en una compleja causa por estafa pidió que le quiten los fueros 

Habituado a la posición de acusador, la incomodidad de una ubicación invertida -es­pecular- llega a la ignominia a una personificación impo­luta como la de un fiscal. Casi una paradoja, aunque en Co­rrientes hay más de un an­tecedente, algunos no muy lejanos. Esta vez el protago­nista es el doctor Edmundo Gustavo Schmitt Breitzkreit, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2), de larga trayecto­ria y más de una polémica, pero siempre del lado de ley, hasta ahora. Su nombre ha quedado salpicado y un co­lega suyo -el doctor Gustavo Alejandro Roubineau, con quien en 2019 Schmitt logró la condena del ex goberna­dor Arturo Colombi por co­rrupción- lo acusa de estafa y falsificación de documen­tos públicos en el marco de una "megacausa" por venta de terrenos en Santa Ana, destapada en febrero pasado. 

El funcionario hizo una defensa pública, donde re­chazó los cargos en su con­tra, aseguró que ha solicita­do que le quiten los fueros para ser indagado como un ciudadano común y aguarda ser convocado por el Cole­gio de la Magistratura ante la inexorable apertura de un expediente que podría des­embocar en un jury y por lo tanto la posibilidad de ser destituido. 

Según el relato de Schmitt, antes que un delincuente él es una víctima, ya que llegó a pagar dos veces por los tres lotes (de una hectárea cada uno) que Roubineau, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 6, sostiene que adquirió de forma espuria mediante la participación de una serie de operatorias ilegales -que pa­saron la revisión de organis­mos de control estatal- en­cabezadas por las escribanas Griselda Virgina Aquino y Gladys Dionisia Báez (cono­cida por su participación en la cesión en 2006 de una casa al ex gobernador Ricardo Co­lombi -primo de Arturo- el 31 de noviembre, fecha inexis­tente). Como se advierte en la trama de esta historia, se cruzan personajes e intere­ses políticos, como también deja expuestos el mecanismo y relaciones entre los pode­res y organismos estatales que por lo común son ajenos al interés y al acceso de la opinión pública. 

"¿Cómo dudar de alguien que hasta el año pasado se presentaba como la candida­ta a intendente de Santa Ana por el partido gobernante en la provincia?", se preguntó el fiscal Schmitt en un tramo de un extenso alegato en su favor el jueves por la tarde en una radio capitalina. Con la frase buscó deslindarse de responsabilidades y brindar una explicación razonable al planteo de un periodista so­bre lo ingenuo de su proce­der ante un proceso de com­pra que llevó más de 16 años de litigio, inversión econó­mica y un juicio de prescrip­ción adquisitiva que, si bien terminó siendo rechazado por parte del Juzgado Civil y Comercial Nº 13, que les ha­bía dado razón, en tanto "no hay duda que la posesión es nuestra". 

Ese alguien del que no se le ocurrió dudar, era la es­cribana Teresa Vázquez, de la que recién dijo to­mar conocimiento de las irregularidades en las que se encontraba implicada junto a la notaria Báez cuando estalló el escándalo de los lotes en Santa Ana, que derivó en la huida de Vázquez (ligada al par­tido Acción por Corrientes del diputado y ex ministro Aníbal Godoy y al intenden­te de Santa Ana, Augusto Navarrete) y la detención de Báez, quien suma una nueva imputación en otra causa ju­dicial, ya que en 2009 había sido denunciada por haber falsificado documentación para favorecer al entonces diputado y ex gobernador Ri­cardo Colombi, y por la que desde febrero de 2019 está en condiciones de ser sometida a juicio. Aquella denuncia la inició Hernán González Mo­reno, dueño de la Agencia Corrientes, empresa benefi­ciada por millonarias sumas de dinero del erario público durante la gestión de Arturo Colombi y que derivaron en la llamada "Causa Publici­dad", investigada por el fiscal Roubineau y sostenida en el juicio una década después por este y Schmitt. Uno de los acusados era González Moreno, pero para entonces ya estaba muerto casi la mis­ma cantidad de tiempo de aquel expediente. 

En concreto, el fiscal Sch­mitt dijo que esos terrenos los compró de "buena fe" y con el objeto de cederlos a su hijo Gustavo Alejandro -de­talle: otro de sus hijos, Gerar­do, figura como secretario de la Fiscalía de Roubineau, en la página del Poder Judicial-. Que esta honestidad lo llevó a pagar dos veces para obte­ner los terrenos en cuestión ya que en 2017 apareció el presunto titular -con escritu­ra certificada por Catastro y el Registro de la Propiedad-, y que a través de la notaria Báez realizó un pago que consideró "accesible". 

Este caso volvió a poner el ojo de la crítica en los fiscales de Cámara. Hace poco fue el titular del TOP1, Carlos Lér­tora, quien fue apartado por su mal desempeño en la cau­sa Derrumbe. Ahora Schmitt, y quizás su situación sea aún más grave no sólo por la im­putación sino por el riesgo de perder su investidura y dig­nidad y termine ocupando el banquillo opuesto en la sala de debates. s