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INVESTIGACIÓN POR ESTAFA INMOBILIARIA EN SANTA ANA 

El fiscal que pasó de ser denunciante a acusado y una notaria con antecedentes

Gladys Báez es pieza clave en la con­troversia que tiene al Ministerio Público como centro. Carga con una causa que toca al poder político

"En septiembre de 2020 hice la denuncia (por usur­paciones en Santa Ana) y no se investigó: lo hice dos veces, una como ciudadano y otra como fiscal". La frase forma parte del entremedio de la extensa argumentación vertida días atrás por el re­presentante del Ministerio Público ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2), doctor Edmundo Gustavo Schmitt Breitzkreit, por estos días in­merso en la controversia tras ser imputado por su colega, titular de la Fiscalía de Ins­trucción Nº 6, Gustavo Ale­jandro Roubineau, quien lo acusó de estafa y falsificación de documentos públicos. Se lo retoma porque da cuenta de dos aspectos llamativos: primero, que los movimien­tos irregulares destapados tras los operativos comisio­nados a Prefectura Naval en febrero de este año ya tenían antecedentes de considera­ción; segundo, que Schmitt ya había puesto al tanto de la situación a su par Roubi­neau, ya que en ese mismo alegato había mencionado: "He trabajado durante mu­chos años con el fiscal Rou­bineau, desde que se inició esta causa trabajamos jun­tos" (sic). Cómo Schmitt pasó de denunciante a acusado es algo que ni él sabe con certe­za, al menos eso expresó a la opinión pública: "No me han dejado preguntar ni ofrecer pruebas", se quejó. 

La mayor incerteza que dejó la exposición del fiscal Schmitt en una radio local -Sudamericana- surgió en relación a ese tramo en el que habló de las denuncias que realizó ante la Comisaría 16ª (ubicada en el barrio San Ge­rónimo) dando cuenta de in­tentos de usurpación de lotes en la zona de la Ruta Provin­cial 43, en la Capital y Santa Ana. Todo se juega en el rol de la notaria Gladys Dionisia Báez, a quien Schmitt dijo haber conocido tiempo antes de la denuncia, a través de la escribana y dirigente política Teresa Vázquez, durante el proceso de adquisición de 3 lotes en ese sector. 

"Báez vivía cerca de ahí, en Santa Ana, ella nos ayu­daba consiguiendo gente para la limpieza que después pagábamos por el servicio. En septiembre de 2020 nos avisó que había personas vendiendo los lotes; hice la denuncia por usurpación y puse en conocimiento a los fiscales en turno. Fue la Policía y detuvo a un hom­bre que decía que tenía los títulos de propiedad, que se los había dado una es­cribana", relató Schmitt. Pero cuando le pregunta­ron quién era esa escriba­na, el funcionario respondió: "Desconozco". 

La historia del Fiscal de Cámara tiene muchas lagu­nas donde se hunden datos, nombres, explicaciones, por eso la figura del funcionario judicial está muy salpicada. Empantanado en la sospe­cha. 

Hasta el momento la pes­quisa encabezada por el fis­cal Roubineau a instancias de la jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, ha avanzado en una imputa­ción contra Báez, Vázquez y una decena de personas más (entre ellos el fiscal Schmitt y uno de sus hijos) que figuran como propietarios de dichos terrenos pero con documen­tación que creen, fue adul­terada por las antes mencio­nadas en una compleja trama inmobiliaria, que incluía sortear los controles de orga­nismos estatales (aún no está claro cómo) para quedarse con parcelas en una zona donde el valor de la tierra se ha ido incrementando. 

Báez fue detenida al esta­llar el escándalo tres meses atrás y se encontraba en la cárcel mujeres (Instituto Pe­lletier), mientras que Váz­quez permanece prófuga aunque ha tramitado su exi­mición de prisión mediante un abogado. "¿Cómo dudar de alguien que hasta el año pasado se presentaba como la candidata a intendenta de Santa Ana por el partido go­bernante en la provincia? Si en ese momento hubiéramos sabido de esas denuncias, no hubiéramos aceptado", ex­presó el Fiscal de Cámara. 

Respecto a Báez, el doctor Schmitt dijo no haberla co­nocido antes pero admitió que tuvo participación en la segunda compra del mismo terreno cuando, en enero de 2021, se presentó un ciu­dadano con los títulos de la propiedad. La mujer tenía fama desde 2009 cuando fue denunciada por el empre­sario Hernán González Mo­reno por haber adulterado documentos para beneficiar al entonces diputado y ex gobernador (luego reelecto), Ricardo Colombi en la ce­sión de una fastuosa casa del barrio Libertad al avalar un documento fechado el 31 de noviembre (inexistente en el calendario). En 2019 ordena­ron enviarla a juicio. 

Como fiscal sustituto ante el TOP 1, Schmitt durante 2018 y 2019 tomó contacto directo con una causa -deno­minada Publicidad- que im­putaba a González Moreno, ya muerto, y al ex goberna­dor Arturo Colombi. La con­catenación de nombres pasó desapercibida para el procu­rador, de haberlo advertido se habría ahorrado más de un quebranto. 

El fiscal, que ahora se de­dica al negocio inmobiliario, supo protagonizar anterior­mente otras arremetidas contra ex gobernadores. Ahora la corporación judicial parece haber puesto la lupa sobre su figura. s