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A PARTIR DE CUÁNDO SE APLICARÁ LA QUITA DE SUBSIDIOS

El incremento de las tarifas de la luz, otra carga al proceso inflacionario

Se hicieron tres audiencias públicas para determinar los nuevos valores del gas, la energía eléctrica y el es­quema de segmentación. 

Al cabo de las tres audien­cias públicas realizadas en el transcurso de la semana que acaba de terminar, donde el Gobierno nacional presentó su plan de incrementos en las tarifas de electricidad y gas y los criterios que se tomarán en cuenta para de­cidir una quita de subsidios, quedó un poco más claro el panorama de cara al invier­no con los nuevos cuadros de valores. En concretos, se ratificó un aumento de las tarifas, lo que significará más presión inflacionaria. 

El incremento, que según la versión oficial, en prome­dio ronda el 17% se suma a las subas ya formaliza­das. En Corrientes también habrá un aumento, dijo el contador Alfredo Aún, titu­lar de la Dpec, pero no hay precisiones de la fecha ni el porcentaje. -Ver página 4- 

Por lo pronto según sur­gió de la ronda de audien­cias públicas realizadas en Buenos Aires los nuevos valores y el esquema de segmentación de subsidios tendrán vigencia a partir de junio. Sin embargo, de acuerdo a la información de las empresas distribuidoras, recién se verán reflejados en las facturas que reciben los usuarios en un plazo de al menos dos meses. Es que una vez publicados los cambios en los cuadros ta­rifarios, la facturación de los consumos se basa en un ciclo de dos meses, que es el período de lectura de los medidores, y se divide en dos pagos.

Las subas propuestas para la electricidad en el Amba fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los consumidores con tarifa social. En tan­to, para el servicio de gas en todo el país, los usuarios con tarifa social no tendrán aumentos y las subas pro­yectadas para el segmento medio van desde 18,5% has­ta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas, donde ope­ran distintas empresas dis­tribuidoras. Por su parte, los clientes de alto poder ad­quisitivo dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio, que se es­tima implicará una suba del 150%. La estimación oficial es que serán 921.778 titula­res, en el caso de la energía eléctrica, y 760.600 en el de gas residencial.

Solución de corto plazo

Jorge Pascualini, de la Fede­ración Argentina de Trabaja­dores de Luz y Fuerza, subrayó durante la audiencia del pa­sado jueves que "los subsidios energéticos son una solución de corto plazo, pero pueden agravar el problema en el largo plazo", por lo que se pronunció en favor de una segmentación concentrada en la asistencia a los sectores vulnerables.

PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

El proceso demorará

Claudio Bulacio, representante de la Aso­ciación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), alertó por problemas de implemen­tación de la segmentación tarifaria, sobre todo por la información requerida para la vinculación entre el usuario y el titular. "Se requiere adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses, 60 días como mínimo", detalló. "El esfuerzo para reducir subsidios es marginal. No se reducen significativamente", explicó.

En el marco de la última jornada de audiencias pú­blicas para definir el nuevo esquema para las tarifas de luz y gas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió la iniciativa llevada adelante por el Gobierno en la materia y se preguntó sobre cuál sería el sentido de seguir subsidiando el consumo de energía de "secto­res pudientes". Señaló que se está implementando "un sistema para ir corrigiendo esa deficiencia", ya que "no conviene tener 2,5 o 3 puntos de subsidios energéticos. Hay que ir dándolo vuelta e invertir esos recursos en obra pública, en rutas, en puertos", remarcó.

Según los datos de la Se­cretaría de Energía, hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se inclu­ye en las facturas. Lo hace a través de subsidios que surgen de la diferencia en­tre el precio que pagan los usuarios y el costo de ge­neración o adquisición del suministro. La propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (unos $313.916 en marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves. Para los usuarios del Amba también se tomarán en cuenta crite­rios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios iden­tificados por el Enre como de alta capacidad de pago. Accederán a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes vivan en los barrios populares iden­tificados por el Renabap; ti­tulares de programas socia­les; empleadas domésticas; jubilados, pensionados, be­neficiarios de pensiones no contributivas, monotribu­tistas y trabajadores en re­lación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros. 

Las empresas distribui­doras de gas destacaron que la puesta en marcha de los ajustes que se aprueben llevará al menos unas ocho semanas. "La segmenta­ción requerirá las modifi­caciones necesarias en los sistemas informáticos, que tendrán un costo no pre­visto para la compañías", dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas). Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usua­rios para que regularicen la titularidad, pero aseguran que solo respondió el 2,5% del total.

De acuerdo a la informa­ción oficial y a las pautas fijadas en el acuerdo con el FMl, los próximos au­mentos serán los últimos de este año, ya que el tope para todo 2022 es de 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año ante­rior para los usuarios de ta­rifa social y de 80% del CVS para el segmento medio de usuarios. 

Como la variación salarial fue de 53,4%, las tarifas no podrán incrementarse más de 21,4% y 42,7% respecti­vamente.

Las dudas

Varios expositores mostraron disconformidad con el proyecto y explicaron que se deben pulir algunos puntos. María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, manifestó como "un error" la segmentación geográfica en el Amba porque generaría una división entre "barrios de ricos y barrios de pobres". En general se plantearon dudas sobre segmentación de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad por­que no cuentan con la información de las condiciones socioeconómicas de los usuarios. No quedó claro aún si la segmentación se aplicará en el interior del país.

EMILIO APUD

"Los subsidios tienen que desaparecer"

Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, dio su punto de vista sobre los incrementos de la energía en todo el país. "Está retrasado el aumento de ener­gía a nivel nacional, se está escondiendo la realidad con el subsidio que da el Estado. Los subsidios tendrían que desaparecer, pero no sé en qué plazo porque también entiendo que la situación económica ac­tual no alcanza tampoco para pagar la ta­rifa completa", dijo durante una entrevista con Radio Sudamericana .

"Es imposible sostener subsidios en for­ma indiscriminada por todo este tiempo, estoy de acuerdo con que haya subsidios a la tarifa social para las personas que real­mente no pueden pagar toda la tarifa, pero el resto debe pagar", dijo. "La caída de la calidad del servicio es porque no hay in­versiones", agregó.

"Hasta 2002 la energía no tenía subsi­dios, y no había problemas, había expan­sión, inversión, etc. Pero vino el populis­mo energético y ya vemos lo que pasó. Recuerden lo que fue 2014 con los cortes de energía", finalizó