Alberto F. usó dinero público en compras para su hijo

El presidente Alberto Fer­nández usó dinero público para comprarle mamaderas y otros elementos a su hijo recién nacido, Francisco Fernández Yáñez, un hecho que vuelve a poner en de­bate la utilización de fondos del Gobierno para gastos personales.

Según la información ofi­cial a la que accedió NA, las compras fueron hechas a través de la Unidad Médica Presidencial (UMP), a cargo del doctor Federico Saave­dra. Con motivo del naci­miento del pequeño, la UMP adquirió un nebulizador pediátrico, por 9.745 pesos; una aerocámara lactante Aerospacer, por $2.550; una aerocámara Infantil bivalvu­lar San Up, por $1.284; una mamadera Avent Classic Plus 260, por $1.999; y dos Avent Classic Plus 125, por un total de $1.198.

A pesar de que no se trata de un monto considerable en términos económicos (el total de los productos com­prados es de 16.776 pesos), sorprende el hecho de que se haya utilizado dinero pú­blico para adquirir bienes de tipo personal y aún más lla­mativo es que lo haya hecho el mismísimo Presidente de la Nación que, según el último dato publicado por el Gobierno -en junio de 2021-, cobra un salario de 494.080,98 pesos.

Para justificar estos gas­tos destinados al pequeño Francisco Fernández Yáñez, la Secretaría General de la Presidencia indicó a NA que "la Unidad Médica Presiden­cial tiene bajo su responsa­bilidad la atención médica eficaz e integral de los pre­sidentes y sus familias en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa Rosada y en todos los desplazamien­tos y sitios de permanencia en el ámbito de la Caba, las provincias y en los viajes y permanencia en el exterior".

"Asimismo, debe imple­mentar guardias médicas permanentes, efectuando el relevamiento del equipa­miento médico, entre otras responsabilidades", añadió el área conducida por Julio Vitobello. Por otra parte, ante la consulta sobre si se realizaron cambios en la Residencia de Olivos para adaptarla a la llegada del bebé nacido el 11 de abril en el Sanatorio Otamendi, la Secretaría General de la Presidencia señaló que de sus registros "no surge que se hayan abonado gastos en concepto de obras, refaccio­nes o modificaciones con fondos públicos".

El mandatario vuelve a estar en el centro de la po­lémica, ya que la Justicia le inició una causa por haber festejado el cumpleaños de su esposa en la Quinta de Olivos cuando regía la cua­rentena por coronavirus en el año 2020.

El lunes pasado, el fiscal federal de San Isidro Fer­nando Domínguez dio su aprobación a la oferta de reparación del daño formu­lada por la pareja presiden­cial, que consiste en el pago de un total de 3 millones de pesos.s

"En el caso del Presi­dente, es un monto que equivale a comprar un respirador", explicó la portavoz Gabriela Cerruti.

Pedirá un préstamo bancario para zafar

El presidente Alberto Fer­nández ya definió que pedirá un préstamo bancario para poder realizar la donación de 1,6 millones de pesos que le permitirá dar por terminada la causa judicial por los fes­tejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena. La decisión fue adoptada luego de que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez avalara la propuesta econó­mica ofrecida por el Jefe de Estado y acercada por el abo­gado Fernando Sgro. Según indicaron fuentes oficiales, el mandatario solicitará un préstamo personal al Banco Santander para obtener el financiamiento necesario para concretar la donación.

"En el caso del Presidente es un monto que equivale a comprar un respirador", había explicado la portavoz presidencial, Gabriela Ce­rruti, en redes sociales.

En ese sentido, la funcio­naria nacional había funda­mentado que la donación apuntaba a "resarcir un error", en alusión a los fes­tejos que se realizaron en la Residencia Presidencial en momentos en que re­gía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) para hacer frente a la pandemia de coronavi­rus.

Tras el dictamen favora­ble del fiscal Domínguez, resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para poder cerrar el capítulo ju­dicial que envuelve al Jefe de Estado y a la primera dama, Fabiola Yáñez. s

JUICIO POR LA FIESTA EN OLIVOS

Una ONG pidió que se rechace el acuerdo que pactó el Presidente

La Fundación Apolo, una ONG de fuer­te perfil opositor al actual Gobierno y cercana a Juntos por el Cambio, pidió al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que rechace la ‘conciliación’ que propuso el presidente Alberto Fernández para ce­rrar la causa por la celebración del cum­pleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos en la etapa más estricta de la cuarentena. La fundación, que no es parte en el expediente, pidió ser tenida como ‘parte querellante’ o, en su defecto, como ‘amicus curiae’ (amigos del tribu­nal), argumentando que ‘Alberto Fernán­dez vulnera su propio decreto al intentar solucionar su infracción con dinero’.

El escrito, presentado por los directivos de la Fundación Antonio Fratámico y Ya­mil Santoro -con el patrocinio del aboga­do Juan Pablo Pane- considera que ‘con­ceder la suspensión del juicio a prueba a un funcionario público sería una decisión contra la ley, que no haría otra cosa que vulnerar la prohibición expresamente es­tablecida en el Código Penal’. El planteo recuerda que según la legislación vigen­te ‘no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejer­cicio de sus funciones, hubiese participa­do en el delito’.

Esa normativa se refiere a la ‘suspensión del juicio a prueba’ o probation, pero no es ese el mecanismo al que apelaron Alberto Fernández, su pareja y otros asistentes a la reunión para cerrar el expediente me­diante la ‘reparación integral del daño’. El mecanismo de la ‘conciliación’ es más am­plio que el de la probation y sobre esa base es que Fernández y su mujer formularon la propuesta de resarcir el daño causado desembolsando 1,6 y 1,4 millones de pesos respectivamente, para entidades públicas sanitarias que desarrollan políticas contra el covid-19