La causa contra un fiscal por estafa sumó declaraciones

La investigación judicial por la adquisición irregular de terrenos en la zona de acceso a Santa Ana, al costa­do de la Ruta Provincial 43, ha tenido novedades ayer ya que en el Juzgado de Ins­trucción Nº 3, donde se en­cuentra radicada la "causa madre" cuyas ramificacio­nes han salpicado a figuras del mundo político y judi­cial, está imputado el fiscal de Cámara Gustavo Schmitt. En el mencionado juzgado se recepcionaron declara­ciones de algunos de los im­plicados en el caso que deja­ron expuesta la magnitud de la presunta "asociación ilíci­ta" de la que participaría el nombrado funcionario -que públicamente ha negado los cargos-, y dos mujeres que ejercían la escribanía: Tere­sa Vázquez -cercana al in­tendente de la localidad del escándalo, hasta el mo­mento prófuga- y Gladys Báez -detenida y proce­sada en causas por estafa que alcanzan al ex gober­nador Ricardo Colombi-. 

Ante la presencia de la jueza Josefina González Cabañas y del fiscal de Instrucción Nº 6, Gustavo Roubineau, prestó decla­ración Sebastián Domin­go Billordo, quien figuraba como dueño de los terrenos en cuestión en documentos legales que incluso le fueron mostrados al propio Sch­mitt, tal como lo comentó en una entrevista radial el jueves 12 de mayo. En enero de 2021 la figura de Billordo se introdujo en una trama compleja de litigio por los lotes entre el representan­te del Ministerio Público (que también deberá rendir cuentas ante el Colegio de la Magistratura) junto a uno de sus hijos y dos personas más (la abogada Virginia Griselda Aquino y el médi­co Martín Nicolás Valdez) para la adquisición de la propiedad luego de una fa­llida prescripción con otra familia. Con la figura me­diadora de Vázquez y Báez se efectuaron pagos a este aparente propietario legí­timo, que se respaldaba en documentación con sellos de los organismos estatales (Catastro y Registro de la Propiedad), y que de acuer­do a la pesquisa encabezada por el doctor Roubineau ha­brían sido fraguados en una maniobra espuria que califi­có legalmente de "estafa". La cuestión a definir es quiénes participaron deliberada­mente y quiénes no. Los di­chos de Billordo resultaron trascendentes: el hombre, un jubilado, dijo desconocer todo desde el uso de identi­dad, hasta las transacciones monetarias que se hicie­ron en su nombre, las otras personas implicadas y los terrenos que le adjudicaban como suyos. Pese a ello que­dó imputado, como el fiscal Schmitt. s