Corrientes: en 20 años hubo 44 muertos por arma reglamentaria

El caso Pedemonte -el joven que quedó inválido luego de ser baleado por su vecino policía- tiene la par­ticularidad de ser el único, al menos en la historia reciente de la provincia de Corrientes donde la víctima pudo so­brevivir al ataque con arma de fuego. Lo habitual es la muerte y con ello la pérdi­da de un testimonio funda­mental para determinar las responsabilidades de cada caso. Pero, ¿cuántas muertes de este tipo hubo? Una lista definitiva sería imposible en términos de que cada hecho tuvo un contexto particular, pero si se toman dos pa­rámetros fundamentales, como la participación como autor de un miembro de la fuerza de seguridad y el em­pleo del arma reglamentaria, podría al menos tenerse una primera aproximada. Tal es así que NORTE de Corrien­tes, con base en un registro más amplio pudo determi­nar que entre 2002 y 2022 se han producido 44 muer­tes en las que dichos facto­res han intervenido, desde luego que de ese número se podría hacer sub-clasi­ficaciones, y más adelante se mencionará las princi­pales, pero todos estos he­chos tuvieron -al igual que el caso Pedemonte- como condición de posibilidad la vigencia de legislaciones y normativas que habilitan el uso de arma reglamentaria en horarios de no prestación de servicio y en situación de retiro, como el caso del autor del ataque a Pedemonte: Ci­rilo Comisario. 

De dicha cifra, el 70% de las muertes tuvo como eje­cutor a un agente de la Poli­cía de Corrientes, en menor medida figuran personal del Servicio Penitenciario (10%), la Prefectura Naval Argentina (10%), la Gen­darmería Nacional (5%) y el Ejército (5%). No obstante, dentro de estas muertes hay un tipo de escenarios que va desde el hecho accidental durante la manipulación del arma hasta el ejercicio de la legítima defensa, pasando por el accionar doloso, in­tencional y voluntario de asesinar a la víctima (aquí a su vez puede distinguirse entre casos de "gatillo fácil" y de femicidio y femicidio vinculado). Nueve de cada 10 casos han ocurrido en el ámbito de la Capital. 

Más allá de las distincio­nes internas, resulta impor­tante enfatizar que lo que dan cuenta estas muertes, así como el caso Pedemon­te, es el riesgo que implica la portación de armas en mo­mentos y ámbitos no indis­pensables para la labor po­licial y de seguridad pública en general. A nivel nacional, en los últimos años hubo idas y vueltas, variaciones en cierta medida vinculadas a los componentes de cada alianza gobernante (ver nota del costado). A nivel provin­cial se aplica aún la Ley 2978, decretada en 1971 durante el gobierno de facto del general Lanusse. 

Las vueltas al poner límites 

En los últimos años el debate sobre el uso de las armas por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguri­dad tuvo oscilaciones pronunciadas aunque actualmente está lejos de las prioridades de la agenda gubernamental. En diciembre de 2018, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich dictó una nor­mativa que facultaba a los agentes a utilizar sus armas reglamenta­rias en una situación de riesgo y sin la ne­cesidad de dar voz de alto. La normativa fue tildada como una "le­galización del gatillo fá­cil", que profundizaba la "doctrina Chocobar". Dos años después, en enero de 2020, la mi­nistra Sabina Frederic fue a la inversa y llegó a derogar una norma de su predecesora para que la Policía de Segu­ridad Aeroportuaria no esté obligada a portar el arma reglamentaria las 24 horas. Con el despla­zamiento de Frederic, en septiembre de 2021, quedó Aníbal Fernán­dez a cargo, quien no puso el tópico entre sus preferidos. 

El caso del militar retirado y el exceso en la legítima defensa 

"Lo que ocurre es que en ciertas situa­ciones conflictivas el Derecho se resigna a otorgar un permiso para realizar una con­ducta que en principio estaba prohibida. Aquí parte la calificación de legítima defen­sa, cualquiera puede obrar en defensa pro­pia o de sus derechos, pero se requieren tres condiciones: una agresión ilegítima, que un tercero nos agreda en nuestra persona o de­rechos, la segunda es la necesidad racional para impedir o repeler esa agresión, lo cual muchas veces se confunde con proporcio­nalidad". Así explicó el doctor Juan Pablo Fernández, fiscal general de Bahía Blanca, las razones por la que el militar retirado Domingo Faustino Verna permanece en li­bertad luego de haber asesinado a su nie­to Brian, de 29 años, de cinco tiros y luego de haber sido agredido por este en primera instancia al llegar en bicicleta a su domici­lio. Fernández detalló que hay exceso en la legítima defensa, "cuando se exceden los límites de la necesidad, por ejemplo, si con dos golpes de puño ya redujo al agresor y está fuera de combate, darle dos golpes más es un exceso de legítima defensa". 

"Por supuesto que hay que reconocer la situación, la persona que actúa debería darse cuenta del efecto que puede confun­dir. El fiscal del caso, Jorge Viego, en fun­ción de los 5 disparos, calificó el caso de esa manera", sostuvo. También aclaró que la in­vestigación continúa y que lo que habrá que ver ahora es si se mantiene o no la califi­cación actual. "Hay que analizar cuáles son las circunstancias personales, esta persona todavía no declaró, no sabemos qué expli­cación tiene para haber disparado 5 veces. No sabemos qué pensó en ese momento. Aún no ha declarado, esperemos que lo haga para poder conocer acabadamente el punto de vista subjetivo y demás aportes que puedan realizar vecinos, la familia, para ver qué originó esta situación", señaló. Verna mató a su nieto Brian, de 29 años, el pasado lunes tras una presunta discusión familiar, en el interior de una casa ubicada en Cobian al 600. Según la autopsia que se le realizó al cadáver, la víctima recibió cin­co disparos que le causaron heridas en el abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro. El militar retirado continuará libre debido a que tiene 77 años y continúa residiendo en el lugar donde el lunes de la semana que termina, tras ser increpado por su familiar, lo ejecutó.