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EX JUEZ FEDERAL ACUSADO DE COBRAR COIMAS A NARCOS

Soto Dávila: en el inicio del juicio las defensas plantearon la nulidad del caso 

En la primera jornada de debate que­dó clara la estrategia de apuntar contra la ilegalidad de la investiga­ción paralela a la causa Sapucay. 

El juicio al ex juez federal de Corrientes Carlos Vicen­te Soto Dávila por ser or­ganizador de la asociación ilícita que recibía coimas de narcotraficantes se ha ini­ciado y el primer incidente han sido los planteos de la nulidad efectuados por las defensas de los siete impu­tados que siguen el juicio (ya que los cinco restantes acordaron recibir una pena en juicio abreviado). Por lo que siguen enjuiciados jun­to al otrora magistrado dos de sus secretarios, Pablo Molina y Federico Grau, los abogados Duylio Barboza Galeano, Tomás Viglione, Gregorio Giménez, además del ex intendente de Empe­drado Juan Manuel Faraone. 

En el inicio del juicio las defensas plantearon una serie de nulidades que se habían presentado en eta­pas anteriores de la instruc­ción y de la llegada del caso al Tribunal Oral Federal de Corrientes, que para esta ocasión está constituido por los jueces subrogantes Juan Manuel iglesias (Chaco), Manuel Alberto Moreyra (Misiones) y Rubén Quiñó­nez (Formosa).

La defensora de Soto Dá­vila, Mariana Barbitta, plan­teó que hubo violación del principio de juez natural, pues la causa comenzó a ser investigada por el juez Ser­gio Torres cuando estaba al frente del Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como lo que denominó la ausen­cia de pruebas directas. De acuerdo con ese planteo, de los ocho hechos que se le imputan al ex magistrado no se desprenden escuchas que refieran al supuesto delito de coimas, ni con los abogados que habrían oficiado como intermedia­rios ni con sus secretarios penales. Desde la defensa de Soto Dávila, asesora­da además por el abogado Juan Francisco Soto Dávila, se niegan esas operaciones y se afirma que el ex juez correntino registró los índi­ces más altos de captura de narcotraficantes, así como de secuestro de drogas en su jurisdicción.

Valeria Corbacho, defen­sora de Molina, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado, sobre la base de que el inicio de la causa está basado en "legajos secre­tos". "Durante un año y un mes estos legajos que dieron origen a la causa, permane­cieron en un éter donde se iban acumulando pruebas a las que las defensas no te­níamos acceso; se sacaban y se ponían elementos que no conocemos cuando por mucho menos terminó con­denado el ex juez (Juan José) Galeano", dijo la abogada.

Según la acusación, los fiscales originales del caso, Diego Iglesias, por la Pro­curaduría de Narcocrimi­nalidad (Procunar), y Carlos Stornelli por la primera ins­tancia, les imputan haber percibido 1.345.000 pesos, sumando distintos pagos, por diversas resoluciones que representaban alivio procesal para integrantes de las organizaciones nar­cocriminales de Itatí. En la instancia del juicio es el fiscal Carlos Schaefer quien sostiene las imputaciones contra Soto Dávila. 

La próxima audiencia está prevista para el 29 de junio por la mañana. Se prevé que el principal acusado declare en julio. 

El ex titular del Juzgado Federal de Primera Instan­cia de Corrientes está pro­cesado como líder de una organización criminal que cobraba a contrabandistas de marihuana para aliviar su situación procesal, con­figurando además del delito de asociación ilícita, el de cohecho pasivo agravado y prevaricato en calidad de autor, en ocho oportunida­des, sostiene el Ministerio Público. Asimismo, Molina por los mismos delitos en cinco oportunidades, y Grau por otras cinco, ambos como partícipes necesarios. s