Soto Dávila, el juicio: fiscales recusaron a uno de los integrantes del Tribunal
Los representantes del Ministerio Público cuestionaron al magistrado subrogante Rubén Quiñones. Dicen que se ha perdido la imparcialidad.
El juicio oral al ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila tuvo continuidad con una contraofensiva de la Fiscalía luego de los planteos de nulidad de la defensa. Los representantes del Ministerio Público recusaron a uno de los tres magistrados subrogantes que integran Tribunal Oral Federal (TOF) para tan paradójico suceso, como que un hombre de la Justicia termine siendo sometido a los procesos de los que él mismo era parte. De hecho, Soto Dávila -que debido al escándalo debió renunciar en 2019- no es el único funcionario ni operador judicial implicado en la causa que la semana pasada llegó a esta instancia: dos de sus secretarios, Pablo Molina y Federico Grau, están siendo enjuiciados junto a su jefe como miembros de una asociación ilícita -liderada en teoría por Soto Dávila- en la que junto a un grupo de abogados locales beneficiaron a los más importantes narcotraficantes del resonante Operativo Sapucay: la red de contrabando de marihuana desde Paraguay más importante descubierta de la historia que -según estimaciones judiciales- hizo ingresar al país 18 toneladas del vegetal prensado para ser distribuido en siete provincias y en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la pesquisa. En total habrían cobrado coimas por más de un millón de pesos al valor de 2015.
Un despacho de la agencia Télam que cita fuentes judiciales consignó que los fiscales federales Carlos Schaefer, titular ante el TOF de Corrientes, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), recusaron al juez formoseño Rubén David Quiñones, miembro de la terna de sustitutos convocada para dirigir el juicio a su antes par. De acuerdo a lo informado, la segunda audiencia del juicio fijada para ayer fue suspendida por el presidente del cuerpo, el juez del Chaco Juan Manuel Iglesias. El componente restante es el magistrado misionero Manuel Alberto Moreyra.
El planteo de los fiscales se basó en que el juez coincidió con la postura de la defensa que no permitió la lectura de la pieza acusatoria durante el inicio del debate, porque, según dijo, se hubiera tardado "seis horas". Por su parte, Quiñones coincidió con el pedido de recusación que hizo contra los fiscales la defensora Gabriela Corvacho, representante del enjuiciado Molina. El cable de la agencia estatal de noticias precisó que se dispuso reanudar el proceso el lunes 4 de julio, cuando se conocerá si se acepta o no la recusación a Quiñones.
La primera audiencia del debate realizada la semana pasada tuvo lectura parcial de la elevación a juicio y concluyó con una serie de nulidades planteadas por los abogados de los acusados, que manifestaron supuestas irregularidades en la investigación por parte de los representantes del Ministerio Público. Sobre ese punto, los fiscales intervinientes expresaron su opinión al respecto y fundamentaron que la postura de los defensores se trata de "reiteraciones ociosas de planteos formulados antes del inicio del debate y que la estrategia es revertir el peso de las acusaciones".
En comprimida síntesis, los propugnantes sostienen que la acusación adolece de fallas constitutivas que la vuelven nula -fundamentalmente la existencia de "legajos secretos"- y por lo tanto el juicio debe caer. El argumento es que la defensa no tuvo acceso a la totalidad de las pruebas por lo que -dicen- se ha violado las garantías procesales, lesionando el derecho a la defensa al ser imposible un seguimiento adecuado del expediente. Al respecto, la doctora Corvacho había manifestado: "Durante un año y un mes estos legajos que dieron origen a la causa permanecieron en un éter donde se iban acumulando pruebas a las que las defensas no teníamos acceso; se sacaban y se ponían elementos que no conocemos cuando por mucho menos terminó condenado el ex juez (Juan José) Galeano".
Según la acusación, los fiscales originales del caso, Iglesias por la Procuraduría de Narcocriminalidad y Stornelli por la primera instancia, les imputan haber percibido $1.345.000, sumando distintos pagos, por diversas resoluciones que representaban alivio procesal para integrantes de las organizaciones narcocriminales de Itatí. s