Los deudores UVA frente al abismo

Mientras se demora el tratamiento de la reforma de la Ley de Alquileres, que está dando vueltas en el Congreso de la Na­ción desde hace por lo menos tres meses, hay otro sector de la población, los hipotecados con los créditos UVA, que espera una respuesta del Legis­lativo, pero sobre todo del Poder Ejecutivo que más allá de algunos parches no cumplió con su compromi­so para liberar del ancla financiero que llevan atado al cuello casi medio millón de argentinos. Hoy, con el inicio del mes de julio, expira el decreto presidencial que suspende las ejecuciones a quienes cayeron en morosidad en el pago del présta­mo. 

El encierro por la pandemia, que apagó la economía nacional, y la crisis que atraviesa el país se convirtieron en una combinación letal para los tomadores de cré­ditos UVA que vieron cómo sus deudas fueron creciendo acele­radamente a la par de la escalada inflacionaria. Ahora enfrentan el drama de no poder afrontar las obligaciones contraídas y corren el riesgo de que les ejecuten sus propiedades. 

El sistema UVA es un invento de la gestión de Mau­ricio Macri. Una fórmula financiera aplicada a los cré­ditos que funciona en los países con economías con­solidadas que aseguran la movilidad ascendente de sus habitantes. Está claro, no es el caso de Argentina. 

Esta semana, un plenario de las comisiones de Fi­nanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Di­putados de la Nación se convirtió en caja de resonan­cia de los deudores damnificados que pidieron a los legisladores una solución urgente a un problema que desde hoy se agravará, ya que caduca el DNU que en su momento firmó Alberto Fernández para suspender las ejecuciones de los bienes por parte de los bancos.

Hasta el cierre de esta edición no había señales de alguna medida oficial que evite el descalabro que se viene. Tal vez hoy, con el apuro, el gobierno del Frente de Todos resuelva intervenir para acolchonar el pro­blema de miles de familias. En el ámbito legislativo la solución llevará mucho más tiempo. De hecho, la reu­nión de esta semana fue sólo de carácter informativo; el trámite continuará la próxima semana con nuevas exposiciones.

En la ronda del miércoles pasado se escucharon testimonios desesperantes. Por ejemplo, Sebastián Saúl Ignacio, representante de hipotecados UVA de Necochea, provincia de Buenos Aires, relató que en marzo del 2017, en pleno gobierno macrista, contrajo un crédito por 1.500.000 pesos a 15 años a través del Banco Provincia, con el que compró su casa. Comenzó pagan­do una cuota de 11.000 pesos, que hoy, en la cuota número 73 llegó a 85.000 pesos.

"Al día de hoy debemos más de 9.500.000 pesos, los cuales se conforman de más créditos otor­gados por el banco en pandemia sin haberlos solicitado", se la­mentó.

Los legisladores escucharon versiones angustiantes de familias de distintos puntos del país. Todos están en iguales condiciones y piden al Congreso de la Nación una herramienta que les per­mita poder cumplir de una manera sustentable en el tiempo la obligación que contrajeron inicialmente.

"Estamos con la espada de Damocles en la cabeza", dijo Ernesto Páez, representante de hipotecados UVA de Mendoza. "La vivienda es un derecho humano, bas­ta de la usura que instrumentan todos los bancos", re­zongó, y acto seguido advirtió: "Seguimos atados a la ley del sistema financiero, porque nunca se tocó el sis­tema financiero". Razón no le falta, en verdad, el sis­tema bancario fue uno de los pocos que emergió con fabulosas rentas en medio de la crisis generalizada.