Sin el aval de Guzmán avanza una moratoria previsional

Sin el aval explícito del ministro de Economía, Martín Guzmán, el bloque oficialista del Senado avan­zó el jueves pasado y dio media sanción al proyecto de ley que elaboró el kirch­nerismo, que establece un nuevo programa de regu­larización de deudas previ­sionales para aquellos que estén a punto de jubilarse. Según informó la Anses, la iniciativa le demandaría al Estado casi $200.000 mi­llones en los próximos dos años. El proyecto, que se giró a la Cámara de Diputa­dos, se aprobó con 38 votos positivos del bloque oficia­lista, que sumó el apoyo de los senadores Alberto We­retilneck (Juntos Somos Río Negro), Clara Vega (Hay Fu­turo) y Alejandra Vigo (Cór­doba Federal). El interblo­que de JxC votó dividido: 18 senadores se abstuvieron, mientras que otros seis (en su mayoría del PRO) vota­ron en contra.

El Gobierno miró de reojo lo que ocurrió en el Senado, territorio de la vicepresi­denta Cristina Kirchner. De hecho, pese a la relevancia del proyecto y de su impac­to fiscal, Guzmán no fue invitado a las comisiones del Senado para discutir el dictamen, señal que refleja las serias divergencias que enfrentan al kirchnerismo con el ministro de Econo­mía. De hecho, la senadora Juliana Di Tullio, una de las alfiles de la vicepresidenta y titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, confesó en su discurso que no consultaron al minis­tro Guzmán al elaborar el proyecto. "Yo la verdad que no le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, que es la An­ses", expresó, y agregó: "Las iniciativas legislativas, en general, no les pregun­tamos a los ministros". El proyecto de ley, que esta­blece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 742.000 personas que no alcanzaron a cum­plir con los años de aportes puedan jubilarse este año, va en sentido contrario a dos puntos centrales del acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el FMI: significaría más emi­sión y además rompería uno de los puntos a los que se comprometió Guzmán con el staff del Fondo.

Según una estimación he­cha por el abogado Adrián Tróccoli, si se adhieren en el corto plazo a este benefi­cio unas 750.000 personas y si se considera una presta­ción promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas previstas por el plan (las cuotas tanto de quienes se jubilen enseguida, como las de quienes se inscriban estando aún en edad acti­va), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes, lo cual represen­taría unos $338.000 millo­nes en un año, incluido el aguinaldo. A esa cifra ha­bría que descontarle, en ri­gor, el costo que supondría que algunas de esas perso­nas obtuvieran, en caso de no existir el nuevo plan de pagos, una prestación ya vi­gente, como la Puam. El kir­chnerismo, pese al impacto fiscal del proyecto, cerró filas y acusó a la oposición de "no tener corazón" al no apoyarlo. 

Desde el interbloque de JxC pidieron que la ini­ciativa sea debatida en la Comisión de Presupuesto.

Dicen que el proyecto perjudica al que aporta

El proyecto girado a la Cámara baja establece que las personas en edad jubi­latoria pero sin los aportes exigidos podrán regulari­zar períodos faltantes has­ta diciembre del año 2008, inclusive, con una moda­lidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obten­ga a través del programa. Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los pe­ríodos faltantes. Desde el interbloque de JxC, varias voces reclamaron que la iniciativa sea debatida en la Comisión de Presupuesto para que los funcionarios del Ministerio de Econo­mía expliquen si esta mo­ratoria va en línea o no con los compromisos asumidos con el FMI. "La Argentina se comprometió a hacer un estudio del sistema previ­sional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit", advirtió el ra­dical Víctor Zimmermann, quien contradijo a Di Tu­llio. "Es necesario e impor­tante convocar a los miem­bros del equipo económico, a los encargados del sis­tema previsional, para ver qué impacto podría tener". "Todos sabemos que el sis­tema previsional argentino está a punto de colapsar", señaló, por su lado, la sena­dora Guadalupe Tagliaferri (PRO), quien puso en tela de juicio la sustentabi­lidad de esta moratoria. "No es sostenible, no so­luciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que apor­ta porque se lo queda el Estado", completó. Por su parte, el senador Martín Lousteau anticipó la abs­tención de un sector del interbloque. "Las últimas tres moratorias se hicieron en años no electorales para que tengan impacto en los años electorales. Estas mo­ratorias no proveen ningu­na solución estructural y contienen enormes inequi­dades", sostuvo. Fernández Sagasti advirtió que, de no aprobarse, "solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones" en edad jubilato­ria