Soto Dávila se defendió y cargó contra un secretario
Habló de abuso de confianza y admitió que existe corrupción judicial.
La declaración del ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila en el juicio en su contra por presunto cobro de coimas a narcos de Itatí apuntó a deslindarse de las acusaciones, pero no ha invalidar a pleno lo que sostiene la imputación: el mecanismo de corrupción entre abogados, funcionarios judiciales y criminales. Tal vez no haya sido la posición más cómoda pero fue la que debió asumir dado que hay pruebas irrefutables de que uno de su secretarios, el doctor Pablo Molina, usó su condición para ordenar escuchas telefónicas de las comunicaciones de su ex esposa. El viernes, ante el Tribunal Oral Federal, Soto Dávila esgrimió una serie de argumentos para sostener por un lado su plena inocencia (y desconocimiento de las maniobras espurias que se le endilgan), invertir la carga y acusar a los acusadores (los fiscales, tanto de juicio como de instrucción) y cargar responsabilidad sobre Molina, dejando margen para el otro adlátere enjuiciado, Federico Grau. "Existen empleados y funcionarios judiciales que se valen de la confianza de los magistrados para realizar conductas delictivas", aseveró el otrora magistrado en una frase que sintetiza gran parte de su línea argumentativa. En otros términos, la asociación ilícita de la que dicen que él era jefe podría haber existido pero la desconocía porque creía en la idoneidad de sus subalternos.
El otro aspecto central fue el rol de los fiscales, en particular el que instruyó la causa, Carlos Stornelli. "No sólo nos vemos amenazados por las organizaciones que investigamos o juzgamos, sino también por la fuerza política y las atribuciones desmedidas que le dan al Ministerio Público Fiscal basándose en dichos de terceros", aseguró. Es que parte de la acusación se basa en los testimonios como "arrepentidos" de los narcos itateños Federico "Morenita" Marín y Carlos "Cachito" Bareiro, quienes aceptaron los cargos en un juicio abreviado (sumando una pena más a las que ya venían purgando, entre ellas la del Operativo Sapucay). Estos incriminaron a Soto Dávila y lo vincularon, por ejemplo, con el ex intendente de Empedrado (también enjuiciado) Juan Faraone