Elevan a juicio causa por escuchas ilegales 

Un secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, separado de su cargo por diversas causas en las que es investigado, será someti­do a juicio como acusado de intervenir en forma ilegal el teléfono de su esposa, caso en el que también está in­volucrado el ex juez Carlos Soto Dávila. Un despacho de Télam consignó que así lo dispuso la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, como subrogante en el Juzgado de la capital co­rrentina, al elevar a juicio el expediente que tiene como imputado al ex funciona­rio judicial Pablo Molina, quien también está siendo juzgado en el Tribunal Oral Federal por la causa que tiene como principal acu­sado a su jefe, el otrora juez federal Carlos Vicente Soto Dávila. 

Molina está acusado de ser autor de los delitos de "abuso de autoridad y vio­lación de los deberes de funcionario público, fal­sedad ideológica y amena­zas, en concurso real entre sí", indica el fallo. Se trata de una investigación que se inició el 15 de marzo de 2019 a raíz del hallazgo en el despacho de Molina de un total de 28 discos com­pactos con el producido de intervenciones telefónicas realizados sobre dos abo­nados radicados en Resis­tencia (Chaco). 

Según la pesquisa, se tra­taba de comunicaciones te­lefónicas producidas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014 entre la pa­reja de Molina y un hombre. De acuerdo con el expe­diente, las escuchas fueron solicitadas por la Secretaría y autorizadas por el enton­ces juez Soto Dávila, en el marco de una investigación federal por la adulteración de documentaciones para el uso y disponibilidad de vehículos secuestrados a un empresario condenado por narcolavado. La sos­pecha era que el teléfono correspondiente a la mujer estaría relacionado a opera­ciones de narcotráfico. "De la totalidad de las conver­saciones percibidas no se podría extraer el mínimo indicio que permita vincu­larlas con actividades en infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes), ni con ningún otro delito de com­petencia federal", indica la resolución de elevación a juicio. Por otra parte, la jueza Pozzer Penzo ordenó "de forma prioritaria y de conformidad a lo solicitado por el Fiscal Federal, Flavio Ferrini, extráiganse los tes­timonios pertinentes para continuar la instrucción respecto de Soto Dávila". El juez y su secretario (junto a otro, Federico Grau) son juzgados por el supuesto cobro de coimas a narcotra­ficantes de Itatí, en el mar­co de una asociación ilícita junto a un grupo de aboga­dos y un ex intendente. s