Planes sociales: el Gobierno nacional suma universidades para el control
Anunciaron que las casas de estudios participarán de las auditorías. Una parte de las organizaciones agudiza sus reclamos.
Los planes sociales, su control por parte del Estado, y el rol que cumplen las organizaciones sociales en el entramado de su otorgamiento y gestión, sigue siendo un terreno de disputa y debate, mientras la inflación golpea cada vez más fuerte y crece el reclamo por la creación de un salario básico universal (que en principio no reemplazaría completamente a los planes, pero sí los absorbería en parte).
Cuando aún resuena la acusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner de "tercerización de los planes", y el pedido de que el manejo pase a intendentes y gobernadores, esta semana el Ministerio de Desarrollo anunció la creación de "unidades de evaluación" del Potenciar Trabajo, en las que participarán universidades nacionales. Apuntan a identificar "manejos indebidos" y "verificar actividades y cumplimiento de corresponsabilidades".
La UBA, la UTN, las universidades nacionales de La Plata, Moreno, La Pampa y Hurlingham, son algunas de las que ya firmaron convenios de cooperación para formar parte de esta auditoría en distintos puntos del país, y en Desarrollo Social aseguran que la intención es "ir sumando a todas las universidades nacionales, en el corto plazo".
Asimismo, hablan de "una política de transparencia de los programas sociales y, también, de cuidado y acompañamiento de quienes participan de Potenciar Trabajo".
LO QUE SE VA A CONTROLAR
La verificación (se apela a un término más suave que el de auditoría) incluye la "evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que realizan los titulares a los proyectos socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del programa".
La falta de datos finos ciertos sobre los planes sociales es uno de los flancos hacia los que apuntan las críticas a la gestión de los planes, y Desarrollo responde mencionando la urgencia de la pandemia como factor que imposibilitó mayores registros. Lo cierto es que esta información es un insumo vital para cualquier planificación de políticas en la materia.
"Es más rol del Estado y más control sobre los programas que tiene el ministerio para acompañar a los argentinos que la están pasando mal", declaró el ministro Juan Zabaleta.
Instalada históricamente en la agenda mediática con peso estigmatizante, la discusión sobre los planes sociales parece remitir a una masa uniforme e invariable a lo largo de los años, sobre la que además se explica poco.
Potenciar Trabajo es el programa insignia que depende del Ministerio de Desarrollo Social, con el que, al comienzo de esta gestión, el Gobierno unificó programas anteriores como Salario Social Complementario y Hacemos Futuro, que dependían de la Anses.
Según el registro del Ministerio de Desarrollo, hasta mayo pasado había 1.271.215 beneficiarios de este programa, de los cuales 954.651 realizan contraprestaciones en el sector no gubernamental (cooperativas, organizaciones sociales, iglesias), y 218.604 en el gubernamental (realizan contraprestaciones en municipios, generalmente). Quedan unos cien mil beneficiarios cuya "unidad de gestión" permanece sin identificar. La explicación que dan es que, dado que el plan se puso en vigencia justo al comienzo de la pandemia, y lo importante era avanzar en la asistencia, la urgencia postergó esa identificación.
El Gobierno nacional creó "unidades de evaluación" destinadas a comprobar que los beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo, otorgado por el Estado, cumplan con la contraprestación requerida para percibir la suma fijada en la mitad del salario mínimo vital y móvil. Se busca "identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social".
Potenciar Trabajo: convocan a los titulares a reeempadronarse
De acuerdo a lo informado por la coordinadora del plan Potenciar Trabajo de Corrientes, Débora Galarza Alcaraz, que se reunió ayer con personal técnico y administrativo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el objetivo del encuentro era fortalecer la atención que se brinda a los beneficiarios y coordinar acciones a desarrollar.
En este contexto, comunicaron que se realizará un reempadronamiento a nivel provincial de los beneficiarios del citado plan.
"Por ello se reitera el llamado a titulares dePotenciar Trabajo, que deben pasar por las oficinas ubicadas en 9 de Julio 1536 (planta baja) para actualizar sus datos en forma urgente", afirmaron. Sobre esto, recordaron que "desde la Nación existen nuevas normativas" y "aquellos titulares que no cumplan con una contraprestación dejarán de percibir el beneficio".
TRANSPARENCIA
El Ministerio de Desarrollo Social tampoco da información sobre cuántos beneficiarios responden a cada organización social como unidad ejecutora. Es otro de los reclamos vigentes entre las críticas de falta de control y transparencia.
El ingreso que recibe cada beneficiario es siempre la mitad del salario mínimo, vital y móvil, a cambio de cuatro horas de trabajo. Es decir que hasta mayo era de 19.470 pesos; a partir del 1 de junio, 22.770 pesos; y desde agosto subirá a 23.925 pesos.
La provincia de Buenos Aires es la que más beneficiarios registra, 649.008. La siguen Tucumán, con 69.516; la Ciudad de Buenos Aires, con 57.179; Salta con 48.349; Chaco con 47.413; Misiones con 43.470; Córdoba con 42.901.
La mayoría de los beneficiarios son varones: un 67 por ciento, y sólo un 33 por ciento de mujeres.
A fines del año pasado se habilitó la opción de cambio de unidad ejecutora, esto es, de lugar en el que los beneficiarios trabajan y de cooperativa y organización a la que responden. Según los registros de Desarrollo Social, 180 mil beneficiarios de planes sociales optaron por hacer el cambio de cooperativas. Los mayores cambios ocurrieron en el rubro albañil al textil, o por mudanza. Y unas 7.500 personas denunciaron estar en una situación irregular, haber recibido amenazas o tener que dejar una parte de lo que cobran a las organizaciones sociales, todas situaciones que "se están investigando para ver si se constituyen denuncias".