Los argentinos del Amba y los otros

Enganchado a un conflicto que está en curso y que afecta al servicio de transporte públi­co de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), el Ministerio de Trans­porte de la Nación -es decir, la Casa Rosada- dispuso un aumento de 40% en las tarifas a partir del 1 agosto próximo. De esta manera, el boleto mínimo de colecti­vo pasará a costar $25,20, en tanto el ticket de trenes rondará entre $9,50 y $17,50, según el ramal. La grilla tarifaria se encuentra congelada desde 2019. Hace tres años que porteños y bonaerenses, usuarios de colec­tivos y trenes, gozan de un extraordinario privilegio económico, que no es nuevo, viene desde hace casi 20 años y se sostiene en el ignorado sacrificio del resto de los argenti­nos que pagan hasta tres o cuatro veces el valor actual -todavía sin aumento- del boleto en el Amba. El instrumento que patentiza esa brutal inequidad se llama: sub­sidio. Comenzó a aplicarse entre 2003 y 2004 cuando Néstor Car­los Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación. 

Consentido, con la acción o la omisión por gobernadores e in­tendentes de todo el territorio nacional y de todos los colores políticos, la política de subsidio deformó el poderoso sistema de transporte público, lo debilitó instalando déficit operativos que se fueron profundizando. Se convirtió así en un entramado amorfo, vetusto y ultra­dependiente del asistencialismo oficial. El mecanismo de subsidios corrompió el sistema. Lo volvió inservible.

Idéntico resultado ha logrado el modelo en otras es­feras, por ejemplo en la energía, con la electricidad y el gas. También en el rubro de los combustibles cuya escasez ha golpeado fuerte al país postergado, es decir al Norte argentino, hasta hace muy poco tiempo. 

El asistencialismo como herramienta de dominación dio como resultado al kirchnerismo -Néstor primero, Cristina después- la expansión de la base político-elec­toral. El costo fue el crack de la cultura del trabajo. Del emprendimiento, las inversiones y la generación de proyectos productivos. Se perdió soberanía energética, económica. Lo perdió la Argentina, pero sobre todo los ciudadanos, quienes al fin y al cabo dan sentido a una Nación soberana.

El paradigma de esa ultradependencia de la ayuda estatal es el transporte público de pasajeros. Funcio­na merced a los recursos que aporta mensualmente el Estado. Los empresarios del sector advierten que -en promedio- el 80% de los costos se solventa con subsidios oficiales; lo que paga el usuario en con­cepto de boleto en el mejor de los casos alcanza a cubrir el 20% de los gastos operativos que tiene el servicio.

Esa deformación la produjo la política asistencial que es parte medular del modelo K. El ejemplo sirve también para explicar lo que sucede con la atrofia del múscu­lo laboral que fue reemplazado paulatinamente por los planes sociales. En la actualidad hay más planeros -que reciben sustento del Estado- que trabajadores formali­zados en el sector privado. Los 9 millones de argentinos en la eco­nomía informal es la derivación de esa decadencia. 

El 40% de pobreza en el país también se explica en este proceso. 

El retorno a la normalidad será un largo y traumáti­co camino. Así como llevó tiempo la caída, la recupera­ción también demandará muchos años. Pero, el primer paso es aceptar que el modelo de la dádiva debe ser abandonado y sustituido por el esfuerzo propio, por el trabajo y el emprendimiento de tal modo que se pueda recobrar la autonomía. 

Podría utilizarse como campo de ensayo el transpor­te público. Barrer con las desigualdades que hoy rigen y establecer parámetros de equidad que hagan más decente el sistema para que no haya argentinos de pri­mera -los del Amba- y argentinos de segunda o tercera categorías