El gasoducto de las polémicas
Los grupos que dicen representar a la etnia Mapuche en el sur argentino podrán vetar la ejecución del gasoducto de Vaca Muerta y pedir una indemnización.

El gasoducto de Vaca Muerta, considerada la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años en la Argentina ha sumado en las últimas horas una nueva polémica. Hace no mucho provocó la caída de un ministro -Matías Kulfas- y la salida voluntaria, pero apresurada de Antonio Pronsato el más alto funcionario del área de Energía encargado del proceso de licitación del proyecto, que está muy demorado. La construcción ni siquiera comenzó con los movimientos preliminares, apenas hace una semana se abrieron los sobres de las ofertas y -en un día domingo- se adjudicaron los trabajos, sin embargo el gasoducto ya tiene nombre, se llamará Presidente Néstor Kirchner y además sigue acumulando controversias. La más reciente involucra al grupo de revoltosos que dice representar al pueblo mapuche, que podría sacar jugosos beneficios de este negocio.
Sucede que el gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, les propuso a caciques y líderes de grupos autoproclamados mapuches un insólito acuerdo que podría amenazar el desarrollo y las inversiones en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta. Se trata del "Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada" (Clpi) que le da a los referentes de esas comunidades intervención y capacidad de veto en el proyecto. Es decir que el gasoducto depende ahora de los mapuches.
En concreto, el protocolo presentado en la capital neuquina por el gobernador Gutiérrez les permite a los caciquejos exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral. Corresponde señalar que los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la Nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.
Como no podía ser de otra manera, el acuerdo en cuestión generó un fuerte rechazo desde la oposición política. Es que hay un tufillo a contubernio con un objetivo económico.
El protocolo tiene varios actores involucrados. Además del gobernador Gutiérrez, está el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, que diseñó la polémica propuesta, los líderes mapuches Gabriel Cherqui y Jorge Nahuel, que enfrentaron causas por tomas de tierras y agresión a los pobladores locales, fueron quienes gestionaron el acuerdo y lograron arrancarle el visto bueno a la provincia de Neuquén. Pero también aparece en el esquema el jefe del sindicato de petroleros privados, Marcelo Rucci, y el ex funcionario Guillermo Coco.
Cherqui, vocero de la zona Xawvnko, reconoció que "no se está discutiendo si somos o no somos mapuches". Aunque ninguna oficina o instancia estatal los reconoce como dueños de esas tierras, afirmó: "No estamos en contra de que las empresas trabajen dentro de nuestro territorio", sino que reclaman que "todos podamos disfrutar de los beneficios de Vaca Muerta".
Este sujeto es el mismo que en abril, durante una visita del presidente Alberto Fernández, le espetó un mensaje amenazante: "Sin consulta no va a haber gasoducto Néstor Kirchner ni exploración". Omar Gutiérrez fue testigo de la advertencia.
Por lo que se ve, la obra, considerada estratégica no solo para la política energética sino también para la macroeconomía del país, derramará su beneficio a pie de la cañería antes de llegar a los grandes centros poblados. "No me voy a cansar de repetir que este proyecto es transformador de nuestro país", enfatizó Agustín Gerez, presidente de la empresa estatal Energía Argentina -Enarsa-. Está claro -ahora- que para algunos significará una millonaria transformación.