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JUICIO POR LA OBRA PÚBLICA

El fiscal involucró a Máximo K. en hechos de corrupción 

Mostró comunicaciones entre López y el hijo de CFK. Él, según el alegato, "no tenía ningún cargo" y decidía sobre las licitaciones.

El fiscal federal Diego Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos, Máximo Kirchner, en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015. 

Luciani reconoció que por entonces el hijo de la vice­presidenta, Cristina Kirch­ner, "no tenía ningún cargo público", pero mostró men­sajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secreta­rio de Obras Públicas, José López, que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construc­ción de 100 calles. Los diá­logos eran entre López y el ex diputado santacruceño Matías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y tam­bién con el entonces fun­cionario del Ministerio de Planificación, Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos López le hace saber a Bezi sobre el avance de distin­tas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner "recorría las obras y pedía información sobre ellas". No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual, para el fiscal "es más que claro que tenía conoci­miento de lo que pasaba en Santa Cruz".

"Máximo Kirchner reco­rría las obras junto con una persona de su estrecha con­fianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones", embistió el fiscal. La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al dipu­tado Kirchner por una su­puesta "coordinación" con el resto de los imputados. 

"La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Po­der Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermedia­rios el hijo de la presidenta y José López", aseveró. La licitación en cuestión, se­gún Luciani, fue por "25 millones de dólares para ha­cer cien cuadras" y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Láza­ro Báez.

Luciani abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos. Inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a lici­tación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lá­zaro Báez, competían entre sí y contaban con la cola­boración de otras que no le pertenecían para "simular la legalidad de la licitación".

No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitacio­nes, otras empresas que hubieran deseado compe­tir quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras. Si bien habló de "direccionamiento" de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resulta­do perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales. El fiscal insistió en calificar como "ficción" a cada pro­ceso de licitación e hizo hin­capié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras.